El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha apuntado este miércoles un nuevo cambio que quiere acometer con el fin de aligerar de carga de trabajo a los juzgados españoles. Se trata de que los matrimonios civiles y los divorcios de mutuo acuerdo se lleven a cabo en las notarías en lugar de ante un juez.

"No tiene sentido que un divorcio de mutuo acuerdo no pueda ser directamente formalizado ante un notario por las partes. También podría ser aplicado en el matrimonio civil", ha defendido Gallardón en una entrevista en la cadena Cope.

También se ha preguntado por qué un alcalde puede autorizar matrimonios y no puede hacerlo un fedatario público como es un notario.

Ruiz Gallardón ha puesto estos ejemplos dentro de los asuntos que, en su opinión, deberían salir de la vía exclusivamente judicial para aligerar el atasco en la Justicia. "Asuntos que en este momento están atascados ante los tribunales -ha dicho- los vamos a resolver, con plena garantía para los ciudadanos, ante otros funcionarios, ante otros organismos". 

El ministro también se ha referido a la polémica reforma que la ley del aborto que anunció la semana pasada. Pese a que de facto se trata de una vuelta a la Ley del Aborto de supuestos de 1985, ha negado tal extremo asegurando que lo que pretende es desarrollar una nueva legislación que supere las deficiencias de las anteriores.

También ha rechazado que la ley que pretende el Gobierno de Mariano Rajoy incorpore la posibilidad de penalizar con cárcel a las mujeres que aborten.

"No hay ninguna mujer en España ni con otra ley (en la cárcel por abortar), por lo tanto no dramaticemos las situaciones para llevarlas a extremos que ni se han producido en España ni con la ley que está vigente ni con la ley anterior ni naturalmente se van a producir con ninguna ley que apruebe este Gobierno", ha explicado.

Sin embargo, ha dejado ímplicita la idea de convertir en delito el hecho de abortar con la nueva ley:  "Tenemos que conjugar la protección del concebido con los supuestos en los que la interrupción del embarazo no pueda ser considerado un delito".

Por eso ha remarcado que "sí será una ley que en todo caso garantizará siempre los derechos del concebido y la reforma será muy positiva".

"Aquí lo que tiene que vencer por encima de cualquier otra cosa es la protección del derecho a la vida que marca el Tribunal Constitucional, que marca nuestra propia Constitución conjugada con una regulación de aquellos supuestos en los que una mujer puede interrumpir sin reproche penal su embarazo", ha zanjado.