El Gobierno siempre lo negó, pero la polémica contrarreforma de la ley del aborto impulsada por el ministro de Justicia se quedó aparcada durante la precampaña y la campaña electoral de las pasadas europeas del 25 de mayo. Ahora, una vez capeado el temporal y a pesar de los malos resultados obtenidos en las urnas, Alberto Ruiz-Gallardón ha decidido reactivar su tramitación antes de meterse de nuevo en la preparación de las autonómicas y municipales de 2015. 

Antes de pasar a las Cortes, el anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada debe volver al Consejo de Ministros tras haber recibido una treintena de informes preceptivos. El primer obstáculo llegó con el del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyos 20 vocales son elegidos por el Parlamento, donde el PP tiene mayoría absoluta. El órgano constitucional designó a dos ponentes para elaborar el texto, pero, siendo una progresista y otra conservadora, no se han puesto de acuerdo. El pleno del CGPJ se fue retrasando sine die ante la imposibilidad del pacto entre ambas. Hasta este viernes, fecha en la que parece que los juristas emitirán por fin su veredicto al respecto. 

Antes de eso, la titular de Sanidad, Ana Mato, contribuirá también al aceleramiento del proceso. Este mismo miércoles se reunirá, a petición de Gallardón, con los consejeros autonómicos del ramo en un Consejo Interterritorial en el que uno de los puntos principales del día será acordar "el informe sobre el impacto en la normativa sanitaria" del citado anteproyecto de ley. A ello se han opuesto Andalucía, Asturias, Euskadi y Canarias, sabedoras de que la reunión de hoy —teniendo en cuenta que el Comité de Bioética ya ha dado su visto bueno al anteproyecto— supone un paso más hacia el pasado.

Hasta ahora, el aborto era gratuito. Pero incluso antes de que Gallardón ideara su nueva ley de supuestos en la que ni siquiera incluye el de malformación fetal que sí permitía la anterior ley de 1985 (sólo permitirá la interrupción libre del embarazo en casos de violación o peligro para la salud de la madre), Sanidad ya barajó la posibilidad de dejar de financiar esta práctica. Después, Mato dejó en manos de Gallardón la responsabilidad absoluta de la reforma de la ley de plazos aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Ahora, obligada por su compañero del Ejecutivo, la ministra de Sanidad tendrá que pronunciarse al respecto. 

Ambos informes —el del Consejo Interterritorial y el del CGPJ— serán tachados, así, de la lista de cosas pendientes de Gallardón. Después de que el Consejo Fiscal ya haya realizado sus aportaciones (que el ministro asegura que serán, al menos, "escuchadas"), así como el Comité de Bioética, al titular de Justicia ya le queda menos para ver hecha realidad la ley que consiguió enemistarle con varios miembros de su partido.Y, aunque su texto todavía ha de obtener la opinión del Ministerio de Educación, los consejos generales del Colegios de Médicos y de Enfermería, el Consejo Nacional de la Discapacidad y la Agencia de Protección de Datos, su contrarreforma de la ley del aborto podría convertirse en una de las primeras que promulgue el inminente nuevo rey Felipe VI.