El ex juez Baltasar Garzón ha materializado sus planes de ejercer la Abogacía, tras ser apartado de la carrera judicial por el Tribunal Supremo por las escuchas del 'caso Gürtel'.

Garzón ha abierto un despacho unipersonal de Abogacía, del que es socio y administrador único, y que tiene como sede una conocida Asesoría Fiscal de Madrid, Sarot, a cuyo gerente, José Félix González Salas, le unen lazos de amistad desde hace años. Cuando era juez en la Audiencia Nacional, Garzón fue ponente en varias ocasiones en unas Jornadas anuales de Información Fiscal que organizaba Sarot, donde acudían otros magistrados y fiscales de la Audiencia.

De este modo, Garzón da el paso que le permitirá ejercer como abogado, tras colegiarse en marzo en el Colegio profesional de Sevilla. Sin embargo, al existir colegiación única en España, ha podido registrar su sociedad en Madrid.

El Boletín Oficial del Registro Mercantil publicó el jueves la constitución de Ilocad S.L, de la que es socio y administrador único Baltasar Garzón Real, y cuyo objeto social es la 'intemediación profesional y a través de los correspondientes profesionales. Gestión, desarrollo y ejecución  de actividades propias de la Abogacía'. El inicio de sus actividades fue el pasado 1 de junio.

Con un capital social de 3.000 euros, la sede de la sociedad está en Madrid, en contrato en la calle Castelló, 66, 3ºIzquierda. Es la dirección exacta de la empresa Sarot, con una división de Asesores Fiscales y otra de Prevención del Blanqueo de Capitales. Puestos al habla con ellos, indicaron que, hasta la fecha, Garzón no está fisícamente allí, aunque llevan asuntos suyos en el despacho que no especificaron.

El caso es que a partir de ahora Garzón puede ejercer la Abogacía y además en Madrid, cuyo Colegio de Abogados criticó su actuación en la causa de las escuchas de Gürtel, que culminó con su condena a 11 años de inhabilitación por delito de prevaricación y la consiguiente salida de la judicatura.

Mientras, el ex juez esperará la resolución de la petición de indulto interpuesta por una asociación europea de magistrados y del recurso de amparo que presentó en el Tribunal Constitucional.