El juez Baltasar Garzón sostiene que las últimas actuaciones de los portavoces de Batasuna y Askatasuna Joseba Álvarez y Ohiana Agirre, respectivamente, han sido "coadyuvantes con aquella otra acción violenta" que desarrolla "la vanguardia armada", es decir, la banda terrorista ETA.

Así lo indica el magistrado de la Audiencia Nacional en los autos en los que acuerda el ingreso en prisión incondicional de ambos como autores de un delito de integración en organización terrorista y, en el caso de Agirre, de otro de incitación al terrorismo callejero.

Álvarez es acusado de reincidencia por su labor como miembro actual y "preeminente" de la Mesa Nacional de Batasuna y por desarrollar la misma actividad por la que fue procesado en febrero de 2005 en el sumario 35/02, en el que se investiga la subordinación de Batasuna a ETA.

A Agirre este delito se le imputa por primera por su presunta pertenencia al aparato político de ETA, EKIN, por participar en ruedas de prensa y diversos actos en nombre de la ilegalizada Askatasuna; y por participar en la manifestación ilegal del pasado 9 de septiembre en la que fue detenido el portavoz de esta organización Juan María Olano, que luego ingresó en prisión.

La reincidencia delictiva de Álvarez se produce, según Garzón, "en el marco de una escalada exponencial de acciones terroristas (incluida la kale borroka) de la organización terrorista ETA", por lo que su actividad y la de Batasuna "no pueden interpretarse en forma aislada ni diferente, sino como coadyuvantes con aquella otra acción violenta que la vanguardia armada desarrolla".

Como pruebas de esta reiteración delictiva, el auto señala la intervención de Álvarez en doce reuniones de Batasuna desde el 19 de junio de 2006 hasta el pasado 21 de septiembre, incluida una en el polígono Belartza de San Sebastián el pasado 30 de diciembre, el mismo día del atentado de ETA contra la T-4 de Barajas.

Otro de esos encuentros, el celebrado en Salvatierra (Álava) el pasado 14 de septiembre, fue una asamblea nacional de Batasuna después de la que se intervinieron "diversos soportes documentales" que han llevado a Garzón a abrir unas diligencias previas, las 320/07, en las que presumiblemente se enmarcan las detenciones de la cúpula de la formación abertzale registradas ayer.

El juez también se refiere a la participación de Álvarez en la organización de la marcha del pasado 9 de septiembre y dice que tiene, como en el caso de Olano y de Agirre, "una relevancia especial por cuanto como integrante de la Mesa Nacional auspició, apoyó y sostuvo la manifestación" pese a su prohibición.

El juez considera que su "posición preeminente" en Batasuna le daba también una "especial relevancia" en Askatasuna, convocante del acto, y que Álvarez disponía de "la capacidad para influir en forma decisiva sobre quienes (...) acudieron a la manifestación".

Esa marcha, según Garzón, tuvo la "finalidad específica" de alterar la paz pública "sin excluir los más que probables" actos de violencia que se produjeron.

El juez recuerda que en un auto del pasado 26 de enero señaló que no se podían "criminalizar las acciones de la izquierda abertzale por el solo hecho de afirmar que son Batasuna y ETA", pero advirtió de que si se aportaran pruebas que evidenciaran la integración de ésta en la estructura terrorista, podrían adoptarse medidas restrictivas "siempre que la relación de causalidad quedara demostrada".

Al acordar la prisión de Álvarez y la detención anoche de otros 23 miembros de Batasuna, Garzón parece haber apreciado esa relación entre la actividad de Batasuna y su apoyo a la estrategia etarra.

Respecto a Agirre, indica que ésta ha convocado manifestaciones de Askatasuna desde enero de 2006 y que sostenía la pancarta en la del pasado 9 de septiembre, con lo que "ha venido reiterando la actuación pública como representante de Askatasuna (...) habiendo llegado con la última acción a escenificar un auténtico desafío a las instituciones incitando a la comisión de delitos terroristas".