Garzón culpa a los nacionalismos de obstruir la justicia internacional

El juez Baltasar Garzón ha afirmado hoy en México que los nacionalismos y la territorialidad rechazan los intentos de la justicia internacional por perseguir y sancionar los delitos de lesa humanidad.

Garzón dictó hoy una conferencia en la ciudad mexicana de Chihuahua, capital del estado del mismo nombre, con el título Justicia Universal; un mundo sin miedo, como parte de las actividades de la cátedra "Antonio Ortiz Mena".

Esta cátedra es organizada por las autoridades estatales, que invitan a expertos de distintos ámbitos de las políticas públicas, para que expongan sus puntos de vista sobre temas actuales.

Chihuahua, es uno de los estados más afectados en México por la violencia del crimen organizado, y en él se ubica Ciudad Juárez, localidad donde según recuentos extraoficiales de la prensa, en lo que va de año los homicidios alcanzan los 1.500, pese al despliegue en la zona de más de 8.000 soldados y policías federales.

Durante su intervención, Garzón explicó que el concepto de Justicia Penal Universal comenzó a perfilarse a finales de la década pasada en respuesta a la necesidad de hacer justicia a las víctimas de delitos graves como tortura, genocidio y desaparición forzosa de personas debido a sus creencias, religión o ideología.

"Este sistema se aplica cuando fallan los sistemas penales"

Precisó que este sistema se aplica cuando fallan los sistemas penales o judiciales de algún país, por desidia o mal funcionamiento.

En estos casos, los jueces de otro país pueden actuar para investigar, perseguir y sancionar a quienes incurrieron en delitos que ofenden a toda la humanidad.

No obstante, admitió que este sistema de justicia internacional no siempre tiene resultados debido a que los sistemas nacionales y territoriales rechazan los intentos de la justicia del exterior.

Baltasar Garzón alcanzó alta popularidad internacional por haber ordenado en 1998 el arresto del ex dictador chileno Augusto Pinochet, debido a la muerte y tortura de ciudadanos españoles durante su mandato (1973-1990) y por crímenes contra la humanidad, basándose en el informe de la Comisión chilena de la Verdad.

Asimismo, ha trabajado en casos contra funcionarios argentinos, por la desaparición de ciudadanos españoles durante la dictadura argentina de 1976 a 1983.