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Garzón: "Hice lo que tenía que hacer por encima de ideologías"

El magistrado niega ante el Tribunal Supremo haber sido "consciente" de que no tenía competencia para abrir una causa por los crímenes del franquismo. Sostiene que su instrucción fue similar a la de otros casos de Justici

ÁNGELES VÁZQUEZ

"Hice lo que creía que tenía que hacer por encima de ideologías. Los jueces no estamos para ideologías. Cada uno tendrá la suya, pero aquí no hay ideología. Había miles de víctimas y quise darles reparación". Es la explicación que el juez Baltasar Garzón dio ayer al Tribunal Supremo para justificar por qué abrió la primera causa penal para investigar los crímenes del franquismo, hecho por el que se enfrenta a una petición de 20 años de inhabilitación por parte del autodenominado sindicato de funcionarios Manos Limpias.

Garzón no quiso contestar a las preguntas del letrado del colectivo ultraderechista, Joaquín Ruiz de Infante, al considerar que no "está legitimado" para estar en la sala, pero dio respuesta a todas ellas en el interrogatorio que le dirigieron su abogado, Gonzalo Martínez-Fresneda, y el fiscal de Sala del Supremo Luis Navajas.

El juez asegura que respetó la norma procesal y la Ley de Memoria Histórica

Frente a este fue cuando Garzón se mostró más categórico. "Si hubiese sido consciente [de que no era competente], no habría dictado" el auto de admisión a trámite de las denuncias. Y aseguró que adoptó la decisión que le ha traído al banquillo, porque "no tenía ninguna duda".

Pero el fiscal insistió: "¿Realmente, pretendía burlarse del Derecho, de la Justicia, y actuar por su cuenta sin atender a la norma procesal vigente?". Y el acusado respondió: "Siempre he respetado la norma procesal. La interpreté como consideré ajustada a una línea lógica y defendible. Eso es lo que hice acertada o desacertadamente". También negó haber ninguneado la Ley de Memoria Histórica, que cree compatible con la acción penal.

El juez explicó que el 14 de diciembre de 2006 se presentó en su juzgado la primera denuncia por los crímenes del franquismo. La envió al decanato y, por las normas de reparto de la Audiencia Nacional, le fue devuelta. Las demás, hasta 54, se sumaron a la primera.

Sostiene que las detenciones ilegales no prescriben ni son amnistiables

"Relataban una serie de hechos sucedidos durante y después de la Guerra Civil: desapariciones, detenciones ilegales, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, torturas... Hechos con apariencia delictiva que se califican como crímenes contra la humanidad", afirmó el juez, antes de añadir que la Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a los jueces a investigar hechos delictivos.

Abrió diligencias previas y dio traslado al fiscal para informe, "mecanismo que es el que siempre se hace". Durante un año largo procedió a que la ratificación de las denuncias, a las que se añadió una relativa a los niños perdidos del franquismo, documentada por el historiador Ricard Vinyes.

A la pregunta de si lo denunciado era "parangonable a otros regímenes" dictatoriales, Garzón no lo dudó. "Absolutamente dijo. Era un plan preconcebido para la detención y desaparición de personas, y miles y miles de ellas siguen desaparecidas".

Defiende que actuó de igual manera cuando ordenó detener a Pinochet

A partir de ahí todo fueron comparaciones: con el procedimiento seguido por el Juzgado Central de Instrucción número 2 contra criminales de guerra nazis, en el que el fiscal apoya la investigación, siguiendo un criterio diferente al que mantuvo para los crímenes del franquismo; y con los cometidos en las dictaduras de Chile y Argentina, por la que ordenó la detención de Augusto Pinochet y por los que el propio Tribunal Supremo condenó a Adolfo Scilingo a 1.084 años de cárcel.

Y esa doctrina del Alto Tribunal fue la que Garzón entendió aplicable a los crímenes del franquismo, señaló, acompañando su declaración con una amplia explicación sobre la aplicación de la justicia universal, en la que no faltaron los juicios de Núremberg y la aplicación de esa jurisprudencia en hechos anteriores si las conductas estaban tipificadas en el momento en que se cometieron como delito.

Hizo hincapié en que rechazó toda petición de exhumación de fosas comunes, porque ello correspondería al juzgado que terminara siendo competente. En octubre de 2008 declaró que la Audiencia Nacional lo era por el delito contra altos organismos de la nación, cometido por Franco y sus generales al dar un golpe de Estado contra la República, que consideró conexo con las detenciones ilegales y desapariciones forzosas, delitos que se siguen produciendo mientras no aparezcan los cuerpos, lo que veta la prescripción y salva cualquier amnistía.

Comprobar que todos los generales franquistas y los responsables de Falange habían fallecido le obligó a pedir los correspondientes certificados de defunción, único documento con el que se puede declarar la extinción de responsabilidad penal. Señaló que unas muertes eran notorias, pero otras no, porque ni siquiera se halló el certificado.

Cuando se comprobó judicialmente que todos los responsables de ese delito habían muerto, él mismo se inhibió a los juzgados territoriales, competentes para juzgar el genocidio en España. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó lo mismo días después, y nunca lo denunció por prevaricación.

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