Garzón investigará desapariciones de la Guerra Civil

Por Blanca Rodríguez

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se declaró el jueves competente para investigar las desapariciones registradas durante la Guerra Civil y los primeros años del régimen franquista, en un auto en el que además autoriza 19 exhumaciones, entre ellas la tumba en la que supuestamente está enterrado el poeta Federico García Lorca.

"Dispongo aceptar la competencia para la tramitación de la presente causa (...) por los presuntos delitos permanentes de detención ilegal, sin dar razón del paradero, en el contexto de crímenes contra la Humanidad", dijo el auto dictado por el juez.

Garzón reconoce en un auto de 68 páginas que en cuanto reciba los certificados de defunción de Francisco Franco y otros 34 altos mandos del régimen se declarará extinguida su responsabilidad penal por fallecimiento.

Sin embargo, considera que la apertura del procedimiento es "una forma de rehabilitación institucional, ante el silencio desplegado hasta la fecha, que no sólo ha otorgado de facto la extinción de la responsabilidad penal sino la impunidad".

"La posible inexistencia de responsables directos o indirectos de estos crímenes no impide la necesidad de contar con datos esenciales para la concreción de la calificación indiciaria de los hechos, así como la necesidad de otorgar protección a las víctimas", afirma.

A finales de agosto, el magistrado ya pidió a distintos organismos públicos e incluso a la Iglesia que le remitieran toda la información que tuvieran sobre los desaparecidos en España a partir del 17 de julio de 1936 tras las denuncias presentadas desde diciembre de 2006 por varias asociaciones y particulares.

En este tiempo, ha recibido los nombres de más de 114.000 personas desaparecidas durante la guerra de 1936 a 1939 y hasta diciembre de 1951.

Miembros de las asociaciones de recuperación de la memoria histórica consideraban incoherente que la Audiencia Nacional se declarase competente para investigar atrocidades cometidas en dictaduras latinoamericanas y mire hacia otro lado en lo que se refiere a los crímenes cometidos en España.

"Es muy emocionante porque me parece que ya era hora de que en este país se hiciera caso a gente que ha sufrido tanto y que se inicie algo que 70 años después se pueda parecer a la justicia", dijo Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, a RNE.

TUMBA DE LORCA

Tras expresar "el máximo respeto para todas las víctimas (...) con independencia de su adscripción política, ideológica, religiosa o de cualquier otra clase", Garzón afirma en su auto que "desde luego, con este procedimiento no se trata de hacer una revisión en sede judicial de la Guerra Civil".

"El propósito de estas diligencias es mucho más moderado y se concreta en el tema de la desaparición forzada de personas".

La investigación podría unificar los datos sobre represaliados y recopilar información sobre las fosas comunes desperdigadas por el país, ya que no existe un registro oficial de desaparecidos del franquismo.

Ante la dificultad de investigar hechos que sucedieron hace tanto tiempo, Garzón ordena en el auto la creación de un grupo de expertos y otro de policía judicial para desarrollar labores de búsqueda y localización.

Una de las fosas más conocidas es la que está situada en el barranco de Viznar, donde supuestamente está enterrado Lorca, cuya familia siempre se ha mostrado contraria a la exhumación por considerar que sus restos deben seguir allí para preservarlo como un lugar de memoria y oponerse a que su apertura se convierta en un espectáculo mediático.

La fiscalía de la Audiencia, que ya mostró en su día su oposición a esta investigación y pidió el archivo de las denuncias presentadas al considerar que habían prescrito unos delitos a los que en cualquier caso había que aplicar la ley de Amnistía de 1977, ha anunciado su intención de recurrir, según fuentes judiciales.

La fiscalía considera que los hechos no son constitutivos de crímenes de lesa humanidad ni genocidio y que, en todo caso, sería competente el juez del lugar donde hubieran ocurrido los hechos.