El juez Baltasar Garzón ha llegado a las 10.20 horas de hoy al Tribunal Supremo (TS) para declarar, por segunda vez y en esta ocasión a petición propia, ante el magistrado que instruye la causa contra él por ordenar las escuchas a los imputados en el "caso Gürtel" en prisión y sus abogados.

Garzón, suspendido cautelarmente de sus funciones en la Audiencia Nacional, ha llegado a pie a la sede del Alto Tribunal, donde le esperaban numerosos periodistas, y no ha querido hacer declaraciones.

El juez ya compareció sobre este asunto en calidad de imputado ante el magistrado instructor, Alberto Jorge Barreiro, el pasado 10 de mayo y negó haber prevaricado o vulnerado la intimidad de varios de los procesados en el referido caso al ordenar intervenir dichas comunicaciones.

Se trata de la cuarta vez que Garzón declara como imputado en el TS, después de que ya lo hiciera el 9 de septiembre de 2009 en la causa por investigar los crímenes del franquismo y el pasado 15 de abril en el procedimiento abierto para investigar los cobros recibidos durante su estancia en la Universidad de Nueva York.

El juez ha reclamado volver a declarar por la causa de las escuchas para "hacer algunas aclaraciones", según han informado a Efe fuentes de la defensa de Garzón, actualmente consultor de la Fiscalía en la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya.

Baltasar Garzón ya había pedido en otra ocasión volver a declarar, pero el magistrado instructor le denegó tal petición.

El Supremo investiga a Garzón por este asunto a raíz de una querella presentada por el abogado y exfiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Peláez, que representa al empresario José Luis Ulibarri, uno de los imputados del "caso Gürtel".

El instructor cree que existen indicios para juzgar al juez por los delitos de prevaricación y contra las garantías constitucionales, por los que la Fiscalía ha pedido la absolución del juez y las acusaciones han reclamado que éste sea inhabilitado hasta 17 años.

El abogado Ignacio Peláez solicita 10 años de inhabilitación para el juez, mientras que la defensa del presunto responsable de la trama, Francisco Correa, eleva esta cifra a 17 años.

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) declaró hace un año "ilícitas" estas escuchas por considerar que vulneraron el derecho de defensa.