La Audiencia Nacional ha amenazado con congelar hasta 100 millones de dólares del Banco de Chile y de individuos sospechosos de blanqueo de dinero para Augusto Pinochet, incluida la viuda del ex dictador chileno.

En un auto fechado el 26 de noviembre y difundido el lunes, el juez Baltasar Garzón ordenó que Lucia Hiriart y tres banqueros chilenos, junto con el segundo banco del país, paguen 77 millones de dólares en concepto de fianza mientras continúa la investigación.

El auto señaló que el dinero sería destinado a cubrir "las responsabilidades pecuniarias a que hubiera lugar" durante el proceso, pero no dio más detalles.

Garzón ha estado investigando a Hiriart y a los directivos bancarios desde 2004 por supuesto blanqueo de capitales para Pinochet, tras las acusaciones esgrimidas por la Fundación Española Presidente Allende, que participa en la distribución de compensaciones a las víctimas del régimen del difunto dictador.

Garzón, que intentó sin éxito en 1998 que Pinochet fuera extraditado a España por delitos de genocidio, terrorismo y tortura durante su régimen (1973-1990), dijo que si no pagaban en 10 días, ordenaría congelar 100 millones de dólares de cuentas bancarias que pertenecen a los sospechosos y al Banco de Chile.

Un portavoz de Banco de Chile no pudo ofrecer un comentario inmediato sobre el caso y no fue posible contactar con portavoces de otros de los sospechosos.

En 2005, Garzón logró un acuerdo para que el banco estadounidense Riggs National Corp, que admitió haber ayudado a Pinochet a lavar dinero, pagara 8 millones de dólares para las víctimas de la dictadura.

Banco de Chile ya ha sido investigado por las autoridades chilenas dentro de un caso sobre supuesto blanqueo de capitales por parte de Pinochet, que murió en 2006 sin comparecer ante la Justicia.

El intento de extraditar a Pinochet y los casos posteriores de lavado de dinero en los que se ha visto implicada su familia y un banco estadounidense han sido los ejemplos más destacados del uso que España hace del principio de jurisdicción universal para perseguir a individuos por delitos cometidos fuera de territorio español.