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Garzón pregunta a Anticorrupción si debe inhibirse en favor del Supremo

El magistrado pregunta a la Fiscalía si debe inhibirse en favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y Valencia, donde se enjuicia a los aforados. Entre los nombres que se barajan en relación con los implicados figuran el tesorero

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El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha pedido un informe de 16 líneas y con carácter urgente —en 48 horas— al ministerio fiscal en el que pregunta si mantiene su petición de que se inhiba del caso Gürtel en favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid —y en casos concretos del de Valencia— o debe dirigirse al Tribunal Supremo.

El magistrado hace esta petición a la vista de un nuevo informe policial en el que se recogen indicios contra al menos dos parlamentarios nacionales o senadores del PPque estarían aforados.

El hecho de que Garzón pregunte a Anticorrupción en relación con el Tribunal Supremo permite inferir que el informe policial recibido ayer en el juzgado incluye diputados nacionales o senadores que, por esta condición, son aforados y su enjuiciamiento corresponde al alto tribunal.

En la providencia, notificada dos horas después de que el PP se querellara contra el magistrado por prevaricación y tras alzar parcialmente el secreto de sumario, explica que un nuevo informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de Policía Judicial presentado ayer a las tres y media de la tarde refleja nuevos casos de aforados que implican a la competencia del Tribunal Supremo, aunque no aporta ningún nombre ni cargo.

Del escrito de Garzón se deduce también que los hechos que implican a los aforados del Supremo están conectados con los aforados de Madrid, ya que otra de las preguntas que formula a la Fiscalía es si mantiene su informe sobre los aforados de Valencia 'vista la conexión que estos hechos guardan con los relativos a los aforados de Madrid y los posibles aforados ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo'. Según fuentes jurídicas consultadas en la Audiencia Nacional, otra posibilidad es que alguno de los aforados contra los que se han encontrado indicios sea en la actualidad eurodiputado.

Entre los nombres que se barajan en relación con los dos aforados implicados en la trama podrían ser el tesorero del PP y senador, Luis Bárcenas, y el eurodiputado Gerardo Galeote. Sin embargo, todavía no existe confirmación oficial al respecto ya que en el informe de Garzón no se revela el nombre de los aforados. 

De hecho, el juez de la Audiencia Nacional ha tenido que salir a la paso de algunas informaciones para desmentir 'rotundamente' que el vicesecretario de Comunicación del PP y diputado por Valencia Esteban González Pons sea uno de los implicados en la trama de corrupción que investiga, según informaciones publicadas por un medio nacional. El juez aseguró que esta información 'carece de fundamento'.


La Fiscalía Anticorrupción pidió el martes 18 de febrero al juez Garzón que deje la investigación sobre la supuesta trama de corrupción ligada a cargos del PP en manos el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y, en algunos casos 'perfectamente escindibles', en el de Valencia.

El artículo 25 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) establece que 'entretanto no recaiga decisión judicial firme' sobre la inhibición, el juez que la haya acordado 'seguirá practicando todas las diligencias necesarias para comprobar el delito, averiguar e identificar a los posibles culpables y proteger a los ofendidos o perjudicados por el mismo'.

Así, mañana está previsto que el juez tome declaración a seis nuevos imputados: David Luis Cerezo, Paula Seco de Herrera López, Mónica Magariños Pérez (apoderada de Orange Market, filial valenciana de Special Events, empresa del presunto líder de la trama Francisco Correa), Antonio Herrero González, Guillermo García Coello y Joaquín García Mármol.

Además de finalizar los interrogatorios a los 37 imputados en esta causa -hay señaladas citaciones para los días 3, 4 y 5 de marzo-, Garzón tiene también pendiente resolver sobre la petición que hizo la Comunidad de Madrid de personarse en la causa poco después de que el magistrado rechazara la personación del PP como acusación al haber encontrado indicios 'serios' contra aforados de ese partido.

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