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El Gobierno acelera el cambio de la ley de cajas

Economía negocia con las entidades, el Banco de España y las CCAA la nueva regulación del sector, que podría traer la despolitización. Las autonomías mantienen fuertes discrepancias

ANA TUDELA / VIRGINIA ZAFRA

Adiós al modelo de cajas de ahorros español. Se acabó aquello de tener una entidad casi por cada provincia. Si se atiende a las fusiones y alianzas previstas hasta ayer, de las 45 cajas que competían en España antes de que el mundo financiero mundial empezase a venirse abajo, quedará como mucho una veintena cuando pase la tormenta. En realidad, serán menos. Según el ritmo de anuncios de la semana pasada, se diría que casi cada día, con mayor velocidad cuanto más se acerca el fin del plazo para acudir por la vía rápida al fondo de rescate (FROB), una fusión se frustra, otra nueva se empieza a negociar y otra llega a buen puerto.

Los anuncios de acuerdos y rupturas se solapan demostrando que casi la totalidad de las entidades participará de una alianza antes de que acabe junio, dando la vuelta por completo a la composición del sector. Incluso las dos de mayor tamaño, La Caixa y Caja Madrid, han entrado ya en el baile, cuando se las esperaba en una segunda ronda.

La postura de las autonomías, clave para sacar adelante la regulación

La cantidad y el ránking de grupos financieros no es lo único que va a cambiar. Esa es sólo la parte más ruidosa. La que no se oye y quizás la más trascendental para el futuro es el cambio de normativa que se está negociando a marchas forzadas entre los representantes del sector, el Gobierno, el Banco de España y las comunidades autónomas. Las cajas necesitan otra legislación, poder emitir instrumentos atractivos para acudir al mercado a pedir capital como hicieron los bancos cuando arreció la crisis, aunque eso signifique abrir la puerta a su privatización. Y necesitan que la política autonómica suelte el lazo que tiene alrededor de su cuello.

Desde el Gobierno se aferran al discurso oficial de que no se trabajará en los cambios normativos de las cajas hasta el segundo semestre de 2010, cuando la parte mollar del proceso de reestructuración haya culminado. Sin embargo, en el sector aseguran que el vaivén de papeles, borradores y propuestas no ha cesado en las últimas semanas. El objetivo es que, en cuanto se acuerden las fusiones más inmediatas y necesarias, se pueda tener un nuevo texto para la ley y que, cuando el proyecto llegue al Parlamento, el consenso sea suficiente como para salvar el trámite con celeridad.

La patronal de las cajas, la CECA, quiere liderar el cambio. Para eso aceptó el presidente de la mayor caja española (La Caixa), Isidro Fainé, ponerse al frente del sector. La postura está casi definida. Las líneas maestras figuran en un documento que se ha enviado al Ministerio de Economía y al Banco de España.

Cada entidad podrá escoger su fórmula para captar capital en el mercado

En lo que se refiere a la forma de captar capital, aunque sigue habiendo un grupo de entidades que teme que la entrada en las cajas de partícipes privados con voto acabe por desvirtuar el sector, parece que el consenso está más cerca que nunca. Ayuda que el Gobierno se ha mostrado conforme con sacar adelante una normativa que deje libertad a cada entidad para acogerse a un amplio abanico de modelos. La idea está plenamente en línea con la fórmula de 'trajes a medida' que defiende Fainé.

Si se quiere optar por los títulos que ahora emiten las cajas, las cuotas participativas, pero dotándoles de derechos de voto para darles el atractivo que no han tenido hasta ahora entre los inversores, será posible. Para superar las reticencias de los más reacios se han planteado varias opciones, entre ellas limitar al 40% del capital el máximo de títulos que puede acabar en manos privadas. Esta es la idea que cuenta con más adeptos. Seguirá vigente además la fórmula de cuotas sin derechos de voto.

El cambio más radical será el de aquellas entidades que decidan cotizar a través de fichas bancarias. De hecho, las llamadas fusiones frías entre cajas unifican riesgos, tesorería y el recurso a los mercados financieros pero no las marcas ni el negocio comercial se está realizando mediante fichas bancarias, lo que facilita esta posibilidad.

El número de entidades ha pasado ya de 45 a una veintena

El problema principal para sacar adelante la ley, comentan fuentes de las cajas, vuelve a ser la política, la negativa rotunda de las autonomías sobre todo algunas como Andalucía, Cataluña o Galicia a ver limitado su poder en las entidades o verlas emigrar a otra región absorbidas por una más fuerte. Las cajas piden su despolitización y la CECA ha incluido entre los destinatarios de su propuesta a los consejeros de Economía autonómicos. El sector quiere que se limite la capacidad de las comunidades en temas como el veto de fusiones interregionales, que dependería sólo del Banco de España. La pelota está en el tejado autonómico. 'Si el nivel de conflicto es muy alto se pospondrá la despolitización para acelerar los cambios para captar capital', comentan en el sector.

 

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