El Gobierno aplaza la decisión sobre la demanda de responsabilidad de 250.000 afectados

El Gobierno ha decidido aplazar la decisión sobre las demandas de responsabilidad patrimonial contra el Estado, efectuada por 250.000 clientes de Fórum y Afinsa -más de la mitad de los 460.000 afectados-, hasta finales de marzo de 2008.

Mientras, la Comunidad de Madrid ha remitido las reclamaciones al Ejecutivo central.

Así lo indican varias respuestas a los demandantes, a las que tuvo hoy acceso Efe, realizadas antes de que, a finales de octubre, terminasen los seis meses de plazo que tenían varias administraciones públicas para responder a las demandas de responsabilidad presentadas, fundamentalmente, en la primera quincena de mayo de 2007, un año después de la intervención judicial de Fórum Filatélico y Afinsa.

Varias de estas demandas basan sus acciones de responsabilidad patrimonial contra las administraciones públicas en que durante 27 años el Estado consideró la actividad de ambas sociedades como comercial, hasta el 9 de mayo de 2006, día en que se produjo la intervención judicial de la compañía.

Sin pronunciarse todavía sobre el fondo de las demandas, en primer lugar el Ejecutivo central decidió ampliar el "plazo máximo de resolución de los expedientes de responsabilidad patrimonial" derivados de las actuaciones de "las entidades mercantiles" Fórum y Afinsa.

A través de una orden ministerial dictada por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aplazó hasta el 17 de marzo de 2008 estas respuestas.

También aclaró a los afectados demandantes que la subdirección general de Recursos y Publicaciones del Ministerio de Sanidad y Consumo realizará la "instrucción de los expedientes" planteados contra diferentes departamentos de la administración.

Entre ellos figuran el Ministerio de Economía y Hacienda, la Agencia Tributaria, la Dirección General del Tesoro, la Dirección General de Seguros, la Dirección General de Consumo, el Instituto Nacional de Consumo, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El Ejecutivo justificó su decisión, según sus respuestas, en "el elevado número de reclamaciones" y "la especial complejidad que reviste la tramitación de estos procedimientos" por la intervención de varios departamentos ministeriales y organismos, lo que hace que sea "materialmente imposible" concluir la instrucción de estos expedientes en medio año.

Por otra parte, la Comunidad de Madrid, por medio de su consejero de Economía y Consumo, Fernando Merry del Val, ha señalado que "no se aprecia responsabilidad" por parte del gobierno autonómico, pues su competencia en relación con la copia del informe de auditoría de Fórum y Afinsa se limitaba "a la recepción y archivo de la misma", así como una sanción "en los supuestos tipificados por la ley".

Ambas respuestas, del Gobierno central y la Comunidad de Madrid, remiten a la querella formulada por la Fiscalía Anticorrupción, en la que se afirma que los responsables de Afinsa y Fórum "han venido desarrollando durante los últimos años un negocio defraudatorio de captación de ahorro masivo (...), mediante la realización de unos contratos en serie de inversión en filatelia".

Sin embargo, de estos escritos "se desprende la consideración de que la actividad desarrollada por esta compañías, no obstante la apariencia generada, no se corresponde con una mera compraventa de sellos".

"Pese a que formalmente venían sometiendo su actividad a la normativa que les correspondía aplicar (la disposición adicional cuarta de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva, IIC), "la realidad es que actuaban como entidades que desarrollaban actividades financieras, incurriendo en fraude de ley", indica la Comunidad de Madrid en su escrito de 15 páginas.