El Consejo de Ministros estudiará hoy los proyectos de ley de Economía Social, de Arbitraje y de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para agilizar el cobro de deudas ante los tribunales, han adelantado a Efe fuentes del Ejecutivo.

El Gobierno va a aprobar además la Estrategia 2010-2015 del Plan Avanza2, que se centra en el desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), los servicios públicos digitales, la capacitación de ciudadanos y pymes, las infraestructuras y la confianza, la seguridad y accesibilidad.

El proyecto de ley de Economía Social pretende ordenar el marco normativo específico de este sector, integrado mayoritariamente por cooperativas, tal como avanzó el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el pasado mes de febrero.

La nueva ley reducirá las trabas burocráticas de estas empresas, definirá canales de interlocución con la administración pública y facilitará las actividades de las empresas de economía social.

El proyecto de ley de Arbitraje, que tendrá un contenido mercantil y civil, trata de facilitar la conciliación entre las partes antes de llegar a un juicio y descongestionar así los juzgados.

Esta iniciativa figura en el plan de medidas del Gobierno para reactivar la economía, está incluida en el Plan de Modernización de la Justicia y se enmarca en la Estrategia de Economía Sostenible.

La reforma de la ley de Enjuiciamiento Civil permitirá agilizar el cobro de deudas ante los tribunales, de lo que se beneficiarán especialmente las operaciones comerciales que afectan a pequeños y medianos empresarios.

Además, todas las reclamaciones de desahucio y rentas podrán resolverse a través del "proceso monitorio", un tipo de juicio para reclamaciones de cantidades no superiores a 30.000 euros, que no exige abogado ni procurador y que sólo requiere que la deuda de dinero esté vencida y que se acompañe de una documentación que lo acredite o demuestre.

En la reunión, el Gabinete no tiene previsto aprobar la reestructuración de varios departamentos ministeriales para simplificar sus organigramas y eliminar alrededor de un centenar de subdirecciones generales.

No obstante, el plazo para aprobar estos cambios que se ha dado el Ministerio de la Presidencia, encabezado por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, es el mes de julio.