Retener el talento de los investigadores españoles, tratar de atraer cerebros extranjeros, y propiciar que los científicos dediquen más tiempo a la investigación y menos al "papeleo", son los objetivos principales de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el anteproyecto de ley, con el que el Gobierno quiere además adaptar el sistema de ciencia y tecnología español a las competencias del Estado autonómico y de la Unión Europea.

El Gobierno pretende además que el nuevo texto sirva para que el conocimiento que generan los investigadores contribuya de una forma más eficaz al desarrollo social y al progreso económico.

Entre las novedades de la nueva ley destacan las referidas a la definición de la "carrera científica", que pretende ser más estable, basada en méritos y suficientemente atractiva para atraer y retener el talento, sobre todo de los más jóvenes.

Planea para ello sustituir el sistema de becas para jóvenes investigadores por contratos con todas las prestaciones sociales, algo que según el Ejecutivo sólo tienen los países científicamente más avanzados.

Se crea un nuevo contrato fijo de acceso que sustituirá el actual modelo de contratos temporales y para atraer "cerebros" extranjeros se crea una nueva modalidad, el "contrato especial de investigadores distinguidos".

La nueva ley prevé también la creación de un sistema de gestión de la investigación por parte de la Administración General del Estado "más flexible y menos burocrático" y para ello se acelerarán los tiempos de resolución de convocatorias y se simplificarán los criterios de evaluación.

La Ley de Ciencia apuesta por una transformación "profunda" del modelo de gestión en todo lo que se refiere a las competencias de la Administración central y plantea para ello la creación de una Agencia Estatal de Investigación.

El nuevo texto planea también incentivar fiscalmente el mecenazgo en materia de investigación, medidas para propiciar la movilidad de investigadores entre el sector público y las empresas, incorpora medidas para propiciar la igualdad de género y prevé crear un comité que velará por la dimensión ética de las investigaciones.