La luz no subirá en abril para los 18 millones de hogares y pymes que utilizan la llamada tarifa de último recurso (TUR). Esa es la buena noticia. La mala: que podría haber bajado. El precio final quedará congelado pase lo que pase con la parte de la factura que escapa al control del Gobierno, ese 50% del recibo que se decidirá en la subasta que las eléctricas celebrarán entre sí el 22 de marzo. Dada la estación del año, es probable que esta vez la subasta arroje una reducción del precio. Pero se compensará con una subida equivalente en la otra mitad de la factura, conocida como peaje de acceso, y que sí depende del Ejecutivo.

Así lo aseguraron ayer fuentes oficiales del Ministerio de Industria consultadas por Público. La demanda eléctrica es tremendamente estacional, lo que afecta a la fórmula que se utiliza para fijar la parte no regulada de la factura, es decir, la que se decide en la subasta.

Los meses de octubre a marzo (los más fríos) tienen un perfil de demanda que dispara el peso de las horas pico (las más caras). El Gobierno congeló su parte de la factura en las revisiones de octubre y enero para mitigar la subida que habían arrojado las subastas, a pesar de lo cual la luz subió un 4,8% y un 9,8% respectivamente. Ahora, por la estacionalidad, se espera que la subasta arroje una rebaja del precio. Esta, sin embargo, no se trasladará al ciudadano.

Industria aprovechará cada encendido de un interruptor para reducir los más de 20.000 millones de euros de deuda asumida con las eléctricas por el llamado déficit de tarifa (diferencia entre lo que se paga por la luz y lo que cuesta producirla). Dicho déficit, una de las herencias más pesadas de los Gobiernos del Partido Popular, fue engordando por las sucesivas rebajas del precio de luz al ciudadano cuando su coste de producción subía.

Por otro lado, un estudio de la Comisión Nacional de Competencia calcula que los españoles pagan 1.684,4 millones más por el combustible antes de impuestos que los franceses y 1.244,3 millones más que los alemanes. Competencia urgió ayer por segunda vez al Gobierno a modificar un conjunto de barreras estructurales que impiden la entrada de nuevos operadores y beneficia a los ya instalados, permitiendo mantener precios elevados.

La CNC lamentó que, casi dos años después de su primer informe, 'continúan sin adoptarse medidas efectivas', más urgentes ahora debido a la subida del precio de los carburantes y el petróleo por las tensiones políticas en Oriente Medio y el Magreb.

Según el informe, para evitar los 'serios problemas de competencia' que existen en España es necesario aplicar las medidas ya propuestas en 2009, como que la Corporación Logística de Hidrocarburos (CLH) aplique una metodología más transparente en la fijación del precio de acceso a la red de transporte de hidrocarburos por oleoducto.