El Gobierno ha expresado hoy su satisfacción por los servicios mínimos acordados con CCOO y UGT para la huelga general del 29 de marzo, mientras que los sindicatos han recibido el respaldo de parte del mundo de la cultura y la educación a su protesta contra la reforma laboral.

La titular de Fomento, Ana Pastor, ha destacado hoy su 'satisfacción' por ello y ha agradecido la 'buena disposición' de las organizaciones sindicales para sellar este pacto, idéntico al que se cerró con el PSOE para la huelga general del 29 de septiembre de 2010.

'Son unos servicios mínimos que muestran la responsabilidad de todos para que hagamos compatible el derecho a la huelga con el derecho que le asiste a todas las personas a la movilidad en la jornada de huelga', ha indicado Pastor.

CCOO y UGT denuncian que hay empresas que amenazan a los trabajadores para que no hagan huelga  Los sindicatos mayoritarios han compartido la opinión de Pastor y también se muestran satisfechos. El secretario de organización y comunicación de UGT, José Javier Cubillo, ha celebrado el acuerdo que, a su entender, permitirá conciliar el derecho constitucional a la huelga y la 'necesidad' de transportes para la ciudadanía.

Asimismo, ha resaltado que el acuerdo se ha producido gracias al 'esfuerzo' de los sindicatos y la actitud posterior de las autoridades en transporte. 'El acuerdo es bueno, positivo para la ciudadanía y permitirá el desarrollo de la huelga general en términos de mayor normalidad', ha explicado.

Así, el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Enrique Fossoul, ha pedido a las comunidades gobernadas por el PP que tomen nota del acuerdo con Fomento.

Entretanto, CCOO y UGT de Andalucía estudian llevar la semana que viene al fiscal a cientos de empresas que, según han denunciado, han amenazado a sus trabajadores si la secundan. Además, tienen previsto enviar a estas empresas representantes sindicales y piquetes informativos para que esos trabajadores tengan el 'mayor respaldo posible'.

UGT cree que la actitud de la patronal es 'lo más parecido a un piquete empresarial' La polémica con la patronal también se ha dado hoy en Ávila, donde UGT ha asegurado que el presidente de Cepyme, Jesús Terciado, quien ha afirmado que los empresarios serán 'activos para que la huelga no tenga éxito', es 'lo más parecido a un piquete empresarial que se ha escuchado en mucho tiempo'.

En otra comunidad autónoma gobernada por el PP, Galicia, el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, ha dicho que los servicios mínimos decretados respetan la legalidad 'al máximo', si bien ha precisado que si los tribunales dictaminan que hay que hacer ajustes se harán 'sin ningún problema'.

Los sindicatos ELA, LAB, STEE-EILAS y ESK van a recurrir la orden de servicios mínimos dictada por el Gobierno Vasco para la huelga general, que han calificado de 'abusivos' y los consideran una 'imposición' del Ejecutivo para 'desactivar' la jornada. También CC.OO. y UGT-Euskadi están estudiando su impugnación.

Para los sindicatos nacionalistas, es 'evidente' que con esta decisión el Gobierno Vasco 'pretende claramente vulnerar el derecho fundamental de huelga y busca minimizar los efectos y la visibilidad de la misma'.

Creen que es una 'imposición' del Ejecutivo para 'desactivar' la jornada'Muestra a las claras su comunión con los poderes económicos para neutralizar las legítimas protestas de quienes están viendo recortados permanentemente sus derechos', insisten en un comunicado conjunto los cuatro sindicatos convocantes.

Así, han hecho un llamamiento a todos los trabajadores 'a contestar a estas imposiciones e intentos de desactivación de la huelga y a responder con la movilización y la lucha para el éxito de la jornada de huelga del día 29 de marzo'.

Los sindicatos nacionalistas consideran que la orden del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales 'es regresiva y restrictiva'. Con ella, el Gobierno Vasco 'ha hecho caso omiso del planteamiento sindical para acatar diversas sentencias que reconocían el carácter abusivo y la falta de motivación suficiente de huelgas anteriores y que incorporara las mismas a esta nueva orden'. 'Esta orden, de nuevo, hace oídos sordos a dichas sentencias y establece límites, más allá de lo razonable, al ejercicio del derecho fundamental; y persigue desactivar e impedir en la medida de lo posible los efectos de la huelga', recalcan.