El Gobierno criminaliza a las víctimas del terrorismo de Estado

Fue el peor despertar de su vida. Sobre las siete de la mañana del 19 de abril de 1980, Marijo Sagarna se enteró que su tío Felipe, un conocido zapatero de Hernani, había caído acribillado por las balas del Batallón Vasco Español (BVE), un grupo parapolicial que precedió al GAL. 34 años después, el gobierno ha sentenciado que los familiares de Felipe no deben tener los mismos derechos que las demás víctimas del terrorismo. Amparándose exclusivamente en informes policiales que se contradicen entre sí, el ministerio de Interior sostiene que Sagarna era miembro de ETA y que, por tanto, sus seres queridos no merecen ser indemnizados. "Eso es absolutamente mentira. Mi tío era simpatizante de unas ideas, pero nada más", afirma su sobrina.

Su situación se repite en otras tantas casas del País Vasco. En los últimos meses, 46 familias que se vieron golpeadas a finales de los setenta e inicios de los 80 por comandos del BVE, GAL o Alianza Apostólica Anticomunista —más conocida como la Triple A— han recibido unas amargas notificaciones del gobierno, todas ellas con un mismo tono e idéntico objetivo: rechazar el pago de nuevas indemnizaciones, lo que les hubiese permitido equipararse, al menos en materia de resarcimiento, a las víctimas de ETA.

Rajoy ha utilizado un convenio europeo que permite retirar la ayuda "si la víctima participa en delincuencia organizada" Para tomar esta polémica decisión, el Ejecutivo de Rajoy ha recurrido a un convenio europeo que permite "reducir o suprimir la indemnización si la víctima o el solicitante participa en la delincuencia organizada o pertenece a una organización que se dedica a perpetrar delitos violentos". Acogiéndose a esa normativa, la Subdirección General de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo —encargada de tramitar las respuestas— sostiene que los asesinados por la guerra sucia formaban parte de ETA y que, por tanto, sus familiares ya no pueden cobrar lo que les corresponde.

Las acusaciones, que en algunos casos también llegan a familiares de las víctimas, se basan únicamente en los informes elaborados por las Fuerzas de Seguridad del Estado, ya que ninguno de los fallecidos había recibido una sentencia judicial antes de caer bajo las balas del terror de estado. "Todo está basado en meras conjeturas. No hay ninguna sentencia firme que acredite que estas personas perteneciesen a una banda armada", coinciden en afirmar las portavoces de la Fundación Egiari Zor —dedicada a defender y preservar la memoria de aquellas y aquellos vascos que fueron asesinados por el Estado o por sus estructuras parapoliciales—, Ainara Esteran y Nagore Mujika.

"Entorno abertzale"

En determinados expedientes, las acusaciones del gobierno se centran en la ideología de las víctimas. Es el caso de Ángel Etxaniz Olabarria, vecino de Ondarroa (Bizkaia) y propietario de una discoteca. El 30 de agosto de 1980, un comando del BVE le ametralló mientras estaba detrás de la barra. "Para justificar que sus familiares no sean indemnizados, el gobierno dice que Ángel era cercano al entorno abertzale", afirman desde Egiari Zor. "Estas alegaciones no sólo son vergonzosas -subrayan-, sino que también atacan la dignidad de la persona asesinada y su familia".

"Todo está basado en meras conjeturas. No hay ninguna sentencia firme que acredite su pertenencia a ETA"Las denuncias de esta fundación son muy similares a las planteadas por el Instituto Vasco de Criminología en un categórico dictamen, realizado a petición del Gobierno Vasco. Este documento —elaborado por el catedrático de Derecho Penal Ignacio Muñagorri y la profesora Ana Pérez Machió, ambos de reputada trayectoria en el mundo académico—, advierte que la decisión adoptada por el ministerio de Interior "violenta la tutela judicial efectiva, la presunción de inocencia y la división de poderes". "Es tal la gravedad de las violaciones de derecho que se han detectado y suficientemente demostrado, que podría ser de aplicación el delito de prevaricación administrativa", señalan sus autores.

La cosa no termina ahí: según el Instituto Vasco de Criminología, "podría atribuirse la comisión de este ilícito penal" al ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y a la subdirectora general de Ayudas a Víctimas del Terrorismo y Atención Ciudadana, Eva María Blanco Benavente. Este periódico intentó obtener una respuesta de Interior, ante lo cual sus responsables de Prensa se limitaron a señalar que Fernández Díaz "ya respondió sobre este asunto en la contestación a una pregunta escrita que le formuló el diputado de Amaiur Jon Iñarritu". En realidad, el ministro se había remitido a una anterior intervención suya en el Congreso, donde ya había defendido la validez de estas medidas.

Hasta Estrasburgo

La negativa del gobierno a revisar su postura —tal como ha quedado confirmado en las desestimaciones de todos y cada uno de los recursos presentados por las víctimas— ha desencadenado una serie de demandas ante la Audiencia Nacional por parte de los afectados. "Vamos a llegar hasta donde haga falta. Si hay que ir a Estrasburgo —sede del Tribunal Europeo de Derechos Humanos—, iremos", afirma a Público Elena Bartolomé. Su marido, el diputado de HB Josu Muguruza, fue asesinado por dos pistoleros del GAL el 20 de noviembre de 1989, coincidiendo con un nuevo aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco.  

A la hora de negar la correspondiente indemnización, el gobierno aseguró que Bartolomé había formado parte de ETA, algo que no comparten los tribunales: esta mujer fue detenida y posteriormente absuelta por la justicia en 1983. El recurso de Interior también señala a su hija Ane como integrante de Kaskagorri, una comparsa que participa en las fiestas populares de Bilbao. "Parece una tomadura de pelo", comenta Bartolomé.

Indignadas por la respuesta recibida, madre e hija presentaron una alegación contra estas acusaciones. Buscaban una corrección, pero sólo encontraron una nueva imputación: en un nuevo documento, el gobierno advirtió que el parlamentario asesinado también había tenido relaciones con ETA. "Eso es mentira. Josu fue juzgado y absuelto", comenta su viuda, que aún no sale de su asombro. "Todo esto implica una segunda victimización. Por un lado, te matan a un familiar, pero por otro te dicen: ‘mire usted, igual es que estaba bien muerto'. Eso es lo más doloroso", relata Bartolomé.  

"Discriminación"

Mientras las distintas familias afectadas empiezan a mirar a Estrasburgo, los partidos con representación en el Parlamento de Gasteiz también dirimen sobre este asunto. Hace algunos días, todos los partidos de la oposición presentaron sus respectivas enmiendas a una iniciativa formulada por el PNV, que propuso rechazar "cualquier pretensión de discriminación de unas víctimas sobre otras en función del signo de la violencia que hayan padecido". "En el caso de las víctimas del GAL y del BVE, los principios de legalidad y seguridad jurídica brillan por su ausencia. No hay suficiente probatoria, porque ni siquiera se ha producido un juicio legal", señala a Público la parlamentaria del PNV y presidenta de la comisión de Derechos Humanos, Maribel Vaquero.

"Todo esto implica una segunda victimización. Por un lado, te matan a un familiar, pero por otro te dicen: ‘igual es que estaba bien muerto" Las enmiendas formuladas por los partidos permiten entrever cuál será la posición de cada uno de ellos cuando este proyecto de declaración sea analizado en el Parlamento, algo que podría ocurrir en los próximos días. Por un lado, tanto el PP como UPyD evitaron pronunciarse sobre los reclamos del PNV. Por su parte, el PSE está de acuerdo en que el gobierno central debe "corregir la denegación de indemnización a determinadas víctimas del terrorismo", mientras que EH Bildu va un paso más allá e insta al gobierno vasco a "denunciar ante las instancias internacionales y de derechos humanos esta decisión arbitraria y excluyente que discrimina a las víctimas".

En ese contexto, la Fundación Egiari Zor ya ha advertido a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento sobre la grave situación que podría producirse entre quienes sufrieron el terror de los grupos parapoliciales. "Aquí hay un riesgo: hoy les niegan acogerse al reglamento sobre indemnizaciones, pero mañana, en base a los mismos argumentos, podrían retirarles la condición de víctimas", explican sus portavoces. Marijo Sagarna, la sobrina del zapatero de Hernani, comparte estos temores, aunque no se da por vencida. Mientras pueda, intentará evitar que su tío muera dos veces.

 

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