El Consejo de Ministros empieza a abordar hoy el Real Decreto que anunció la vicepresidenta del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega en febrero, y que pretende asegurar la protección del derecho a la intimidad y la confidencialidad para las mujeres que decidan interrumpir voluntariamente su embarazo.

El texto que se presenta hoy es un informe de líneas generales, que hasta última hora no figuraba en el orden del día. Todavía no profundiza en las medidas que se llevarán a cabo, y que hasta finales de año no estarán definidas y aprobadas. Pero el informe sí marca las realidades a cambiar.
La iniciativa permitirá evitar situaciones, como la de la Comunidad de Madrid, donde las mujeres que quieren abortar son derivadas a un centro concertado mediante un trámite que se hace de forma verbal: se informa del nombre de la paciente y de todos sus datos personales y médicos.

Una de las medidas para evitar esto es que tanto los centros públicos como los privados informaticen su base de datos, de forma que desde el momento que se solicite una interrupción del embarazo, los datos de la paciente no consten en documentos físicos. También se estudia la posibilidad de que la mujer que haya abortado elija si quiere que este prodecimiento conste en su historial médico o no.

Elaborado por los Ministerios de Igualdad y Sanidad y Consumo, el informe también es un primer paso para garantizar la equidad y la calidad del aborto en el Sistema Nacional de Salud cuando se presta en clínicas privadas, lo cual ocurre en el 97% de los casos.

Cuando el informe que aborda hoy el Consejo de Ministros se defina como Real Decreto, garantizará que todas las comunidades ofrezcan las mismas facilidades a las mujeres para abortar. Un ejemplo es Navarra, donde sus ciudadanas no pueden hacerlo ni en la sanidad pública ni en la privada. En este caso, una solución podría ser que el Gobierno navarro derive a sus pacientes a centros de otras comunidades.

La calidad de los servicios es otro de los puntos a mejorar. El Gobierno quiere garantizar que la consulta ginecológica, las analíticas, las ecografías y todas las pruebas que forman parte del proceso de interrupción del embarazo se den con las mismas garantías en todas las comunidades. Se prevé que el Real Decreto entre en vigor a finales de año. Previamente debe pasar el filtro del Ministerio de Administraciones Públicas, la Agencia de Protección de Datos, el Consejo Interterritorial de Sanidad de septiembre y el Consejo de Estado.

Jaque a la intimidad de las mujeres

La Audiencia de Barcelona ordenó la semana pasada desvelar los nombres de las mujeres que abortaron en las clínicas del doctor Morín, acusado de practicar abortos irregulares.

El temor de las españolas que han abortado empezó en enero, cuando la Guardia Civil citó a declarar a 25 mujeres que habían interrumpido sus embarazos en la clínica Isadora de Madrid al investigar la denuncia de un grupo ultra. Las mujeres temblaron más cuando el juez admitió como acusación particular al partido conservador Alternativa Española, que tendría acceso al sumario y a los historiales de las mujeres.