El Ministerio de la Presidencia ha insistido hoy en la legalidad del modelo de financiación de RTVE, que la Comisión Europea (CE) ha llevado ante el Tribunal de Justicia de la UE, y ha avanzado que defenderá ante ese órgano su compatibilidad con la legislación comunitaria.

Presidencia ha hecho público un comunicado después de que la CE anunciara su decisión de llevar a España y a Francia ante el Tribunal de Luxemburgo por establecer una tasa a las empresas de telecomunicaciones para financiar los entes públicos de radio y televisión.

El Gobierno está convencido de que el modelo es legal y espera que el Tribunal "reconozca la autonomía fiscal" de España y declare compatible el gravamen con el derecho comunitario, para lo que ya trabaja la Abogacía del Estado.

El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, ha dicho que el Gobierno cree firmemente en el modelo de financiación de RTVE y en una televisión pública sin publicidad por lo que defenderá ante los tribunales su legalidad.

En declaraciones a los periodistas antes de presentar el Anuario Corresponsables 2011, el ministro ha señalado que ha tratado de convencer a la comisaria europea de la Agenda Digital, Neelie Kroes, de la legalidad del modelo y ha avanzado que el Gobierno sostendrá esta posición ante los tribunales.

"Los españoles deben saber que el Gobierno cree firmemente en su modelo, cree en una televisión pública sin publicidad que está yendo muy bien y está siendo muy bien recibida por la ciudadanía, y lo vamos a defender ante los tribunales con toda convicción y espero que con éxito", ha apostillado el ministro.

Según el Ministerio de Presidencia, el actual modelo de financiación de RTVE, "cuya aceptación por los ciudadanos es evidente, parte de la contribución razonable y equitativa a la Corporación por parte de aquellos actores económicos que se benefician de la supresión de la publicidad en la cadena pública".

Además de las cadenas de televisión privadas, según Presidencia, también se benefician los operadores de telecomunicaciones que difunden contenidos audiovisuales en los que insertan publicidad.

"La figura jurídica de la contribución para sostener un servicio público está contemplada en el ordenamiento comunitario", subraya en el comunicado.

Argumenta también el ministerio que la ley de financiación de RTVE no vulnera la directiva de autorización comunitaria y "no puede considerarse como una doble imposición", porque no se obliga a todas las operadoras a contribuir, sino sólo a las que difunden contenidos audiovisuales.

Según apunta, la propia Comisión Europea no descarta la imposición de tasas a este tipo de operadores cuando el hecho imponible no es exclusivamente la condición de operador de comunicaciones electrónicas.

El modelo de financiación de RTVE aprobado el año pasado impuso una tasa a los operadores de telecomunicaciones del 0,9% de sus ingresos brutos para compensar la pérdida de ingresos procedentes de la publicidad de pago.