El Gobierno descarta retocar cualquier aspecto sustancial de la nueva Ley del Aborto, pese al informe desfavorable del Consejo Fiscal suscrito por la mayoría conservadora de este órgano consultivo. En consecuencia, el Consejo de Ministros mantiene sus planes de aprobar en septiembre el proyecto de ley que permitirá a las mujeres decidir libremente sobre la interrupción de su embarazo en las primeras 14 semanas de gestación.

Tanto el Ministerio de Igualdad como el Grupo Parlamentario Socialista asumen el varapalo que supone el informe del Consejo Fiscal, que considera 'inconstitucional' la libre elección de la mujer sobre la gestación hasta un determinado plazo. Pero consideran que el citado órgano ha hecho una lectura 'ideológica y confesional' del anteproyecto de ley, en lugar de limitarse a aportar argumentos jurídicos para sostener su oposición a la norma.

El dictamen de los fiscales enmienda hasta el nombre de la ley, que a su juicio debería ser de 'terminación voluntaria' del embarazo, en lugar de 'interrupción voluntaria'. Los fiscales conservadores arguyen que la nueva ley incumple la Constitución porque no protege al nasciturus (no nacido) en ese plazo de 14 semanas.

Sin embargo, desde el Gobierno recuerdan que el Tribunal Constitucional, en la única sentencia sobre el aborto que ha emitido (en 1985), se limitó a establecer el 'deber del Estado de proteger al no nacido'. Y añaden que ese deber queda 'nítidamente recogido' en el anteproyecto de ley con la figura del 'procedimiento informado', un periodo de reflexión de tres días al que la nueva norma obliga a la mujer que quiera abortar.

La ley en preparación incluye la obligatoriedad de que las mujeres que deseen abortar reciban un sobre cerrado con información sobre todas las ayudas que presta el Estado para el fomento de la natalidad. Según la interpretación de los expertos consultados para elaborar la ley, ese punto garantiza su constitucionalidad, porque evidencia que el Estado cumple con su obligación de proteger al nasciturus. Sólo si la gestante continúa con su decisión de abortar, entonces se garantiza que la mujer recibirá la prestación sanitaria necesaria para interrumpir su embarazo.

Mientras asimilan la crítica de los fiscales conservadores, el Gobierno y el Grupo Socialista continúan amarrando los siguientes pasos que dará el anteproyecto de ley. El más inminente depende del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que hoy mismo se dará una nueva prórroga para emitir su dictamen.

Su informe, como el del Consejo Fiscal, es preceptivo para que el Ejecutivo pueda aprobar el texto legal en Consejo de Ministros y enviarlo al Parlamento. El dictamen no llegará a la Moncloa al menos hasta el 24 de julio.

También del CGPJ puede llegar un jarro de agua fría para el Gobierno. La correlación de fuerzas entre progresistas y conservadores está muy ajustada (nueve de sus 20 componentes lo son a propuesta del PP, otros nueve del PSOE, uno de CiU y otro del PNV), por lo que puede producirse un empate entre los que apoyan la ley y los que consideran que es inconstitucional.

El hecho de que hayan pedido ya dos prórrogas a los 15 días de plazo inicial que tenían para pronunciarse demuestra lo enconado de las posiciones.

Fuentes de este órgano apuntan que el empate ideológico puede concluir en la emisión de dos dictámentes contradictorios, tal como ha ocurrido en el Consejo Fiscal, donde la mayoría conservadora ha tildado la reforma de inconstitucional mientras el fiscal general y otros cuatro fiscales (progresistas) consideran que se ajusta a la Carta Magna.

La oposición que está demostrando la mayoría conservadora de la Justicia a la nueva Ley del Aborto no conseguirá tumbarla, pero ya está logrando retrasarla.

El Consejo de Ministros no podrá enviarla al Parlamento hasta que se pronuncie el CGPJ (finales de julio). Necesitará un plazo para incorporar los consejos jurídicos que considere 'razonables', y que 'en ningún caso afectarán a los elementos sustanciales' del anteproyecto (el plazo de 14 años y la libertad de decisión de las mujeres desde los 16 años).

Entre una y otra cosa, será en septiembre cuando se dé luz verde al proyecto de ley. La aprobación parlamentaria, para la que los socialistas cuentan con sumar 178 votos, no llegará hasta febrero o marzo de 2010.

El Consejo Fiscal es un órgano consultivo al que el Gobierno está obligado a remitir algunas leyes antes de aprobarlas en Consejo de Ministros, aunque su dictamen no es vinculante. Actualmente está compuesto por 11 miembros, entre los que sólo hay una mujer, la fiscal Ana Belén Gil Muñoz, que pertenece al grupo progresista que respalda la constitucionalidad del anteproyecto de Ley del Aborto. El grupo de fiscales conservadores, que han tildado la norma de inconstitucional, está compuesto por seis varones.

El Consejo General del Poder Judicial, que también dictaminará sobre la Ley del Aborto, tiene una composición casi paritaria (7 de los 20 juristas son mujeres) porque ha sido renovado con la Ley de Igualdad ya en vigor.