El secretario del Tesoro de EE.UU., Henry Paulson, anunció hoy un plan que daría un vuelco profundo al marco regulador de su país, que data de la Gran Depresión de 1929, para paliar crisis futuras como la que aflige ahora a los mercados.

La propuesta más llamativa sería convertir a la Reserva Federal (Fed) en una suerte de "súper-policía" con poder para enviar a sus agentes a husmear en las cuentas de bancos de inversión, compañías de seguros, fondos de riesgo y cualquier otra entidad que amenace la estabilidad del entramado financiero.

"La Fed tendría la autoridad para escudriñar dentro del sistema y mirar a fondo donde sea pertinente", dijo Paulson.

Es una dirección en la que el banco central ya ha comenzado a moverse por sí mismo, pues como respuesta a la crisis actual ha comenzado a prestar directamente a bancos de inversión y ha coordinado la adquisición de Bear Stearns, uno de los mayores, por parte de JP Morgan Chase.

Centralización de la vigilancia financiera es el principio básico del plan, que Paulson expuso en una extensa intervención en la llamada "Sala del Dinero" del Tesoro, aunque sus rasgos principales se filtraron a la prensa durante el fin de semana.

"Gran parte de nuestro sistema regulador actual fue creado tras la Gran Depresión y fue desarrollado como reacción, creando entidades reguladoras como respuesta a innovaciones de mercado o a problemas en los mercados", apuntó el secretario.

La propuesta viene motivada de nuevo por una crisis, que se inició en el sector inmobiliario y ha provocado grandes pérdidas a algunas entidades financieras, el colapso del mercado de algunos títulos vinculados a las hipotecas y una restricción general del crédito.

El plan, que requiere aprobación del Congreso, no hace nada por ayudar ahora mismo y Paulson destacó que debe ser aplicado sólo después de que se solventen las dificultades actuales.

No es nueva la idea de modernizar y simplificar el marco regulador estadounidense, donde perviven instituciones creadas durante el siglo XIX, pero los esfuerzos anteriores se vieron extinguidos por los intereses creados.

La resistencia al cambio ya dio su primera señal en una carta que envió John Reich, director de la Oficina de Supervisión del Ahorro (OTS, en inglés), a los empleados durante el fin de semana.

Reich les garantizó que la agencia, que desaparecería según la propuesta del Gobierno, celebrará su 20 cumpleaños en 2009, "pese a las predicciones en los últimos años al contrario".

Los demócratas han acogido el plan de forma positiva, pero han dejado claro que le dan poca prioridad.

"Puede ser una idea estupenda, pero no responde a los problemas a los que nos enfrentamos ahora mismo", afirmó hoy Christopher Dodd, quien como presidente del Comité de la Banca del Senado tendrá un papel clave en el paso del proyecto por la Legislatura.

Dodd aseveró en una rueda de prensa que es más urgente frenar la ola de desahucios que sacude al país.

Por su parte, el senador demócrata y aspirante a la Casa Blanca Barack Obama ha dicho que la propuesta no va lo suficientemente lejos y que habría que establecer un regulador único del sector financiero de Estados Unidos.

Su opinión es de especial importancia, porque como el propio Paulson reconoció hoy, el futuro del plan quedará en manos de la persona que gane las elecciones presidenciales de noviembre próximo.

El secretario encargó la revisión del sistema financiero hace un año, por la preocupación de algunas empresas de Wall Street de que la onerosa carga reguladora les perjudicaba frente a sus competidores extranjeros.

Sin embargo, tomó un nuevo sesgo con el terremoto en los mercados, que algunos líderes demócratas han achacado a la falta de una buena supervisión financiera.

El plan contempla eliminar o fundir una sopa de acrónimos de agencias reguladoras bajo la dirección de tres entidades.

La Reserva Federal vigilaría la estabilidad de los mercados, mientras que dos organismos nuevos se ocuparían, respectivamente, de la salud financiera de los bancos y de la protección a los consumidores e inversores.

Paulson también propuso establecer una comisión federal que supervise el mercado hipotecario, que actualmente está regulado casi íntegramente por las autoridades estatales.