La Ley de Memoria Histórica ya da sus frutos. El Gobierno confirmó ayer que el Ministerio de Justicia ha aprobado la reparación moral y el reconocimiento público a la figura del president de la Generalitat catalana, Lluís Companys, fusilado en Barcelona en 1940 después de ser detenido por la Gestapo en Francia y sometido a un Consejo de Guerra sin garantías.

La reparación, a través de un certificado personal después de que hace tres meses la nieta de Companys (residente en México) lo pidiera al ministerio, fue aprobada el pasado diciembre. Junto a la de Companys se resolvieron otras 41 demandas de personas perseguidas o ajusticiadas por la dictadura franquista.

Acto 'solemne'

La declaración gubernamental, una posibilidad prevista en la ley, no tiene efecto jurídico o material, pero sí impacto público. El conseller de Relacions Institucionals de la Generalitat, Joan Saura, ya adelantó que el Govern pedirá que el Estado entregue a las instituciones catalanas el documento de forma 'solemne' y 'singularizada' tratando la figura de Companys, que presidió la Generalitat entre 1934 y 1940. Esta reivindicación se basa en las trágicas circunstancias de su muerte y en que se trata del único presidente democrático de Europa fusilado. Pero Justicia se plantea, por ahora, un acto colectivo.

La vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, dejó claro ayer que el 'reconocimiento' no tiene consecuencias más allá del gesto político. 'No significa nada más. Eso se agota en sí mismo más allá de las decisiones de la familia o las instituciones', recordó.

El Parlament aprobó que el Govern agotara todas las vías legales para reparar la figura de Companys y conseguir la anulación del juicio en el Tribunal Supremo. Tanto Saura como la propia Generalitat asumieron ayer de nuevo este compromiso.

En todo caso, tanto entidades memorialistas como distintas personalidades anunciaron el lunes que pedirán al president de la Generalitat, José Montilla (PSC), que lo haga en breve. Los socialistas e ICV pactaron la ley en su día y por eso ayer, tanto el PSC como Montilla y Saura, se mostraron satisfechos y hablaron de hito histórico a la espera de que la reparación acabe en la anulación del juicio.

Por contra, ERC, que no votó la ley porque no incluía el compromiso de anular los juicios de la dictadura, habló de 'incumplimiento'. El partido de Companys recordó que si se consigue revocar su Consejo de Guerra, sería el primer paso para anular miles de juicios militares. Menos coherente fue CiU, que votó a favor de la ley, pero a quien le supo a poco la reparación 'administrativa'.