El Gobierno del PP tiene una certeza y muchas dudas. Es seguro que aprobará una reforma del mercado de trabajo, tal y como exigen Bruselas y Alemania. Lo que ya no tiene tan claro es cómo encajará la ciudadanía los cambios.

Todo depende del político que se pronuncie. Por orden de relevancia institucional el presidente del Gobierno es, de lejos, el más pesimista. Mariano Rajoy considera que la reforma laboral 'me va a costar una huelga', dando por descontado la respuesta en la calle.

En el lado opuesto de Rajoy se sitúa la Ministra de Trabajo, Fátima Báñez, quien dice estar 'segura' de que la reforma (que será 'completa y equilibrada', ha señalado) contará con 'el respaldo de todos los ciudadanos'. Ni uno más ni un menos. De 'todos'.

En el punto intermedio entre las manifestaciones en la calle y el apoyo unánime se ha hecho un hueco el portavoz del grupo del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, cuyas aspiraciones pasan por que la futura reforma laboral encuentre 'apoyo y algo más de comprensión'.

Y hace un guiño a Rajoy a al advertir de que la huelga general no es el mejor camino para salir de la crisis económica, porque con 5,2 millones de parados el país 'no está para andarse con paños calientes'.

'Es seguro que los antecedentes no son muy favorables. Hemos tenido hace poco una reforma laboral que era de poco calado y sin embargo hubo huelga. Pero el futuro está por escribir y quizá podamos hacer que el futuro sea distinto y que vayamos a un escenario de mayor acuerdo', ha añadido Alonso.

Las contradicciones entre los miembros del Ejecutivo se están convirtiendo en algo habitual poco más de un mes después de que comenzara a trabajar. Las diferencias de criterios entre el Ministro de Hacienca, Cristobal Montoro, y el de Economía, Luis de Guindos, han obligado a intervenir a la ministra de Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, para templar ánimos y desmentir a uno o a otro.