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El Gobierno estudia nuevos recortes para cumplir con Bruselas

La eliminación de una paga extra a los funcionarios, la subida del IVA o los recortes en la prestación por desempleo, entre las medidas que contempla la Moncloa para contentar a la UE

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El balón de oxígeno que Bruselas ha lanzado a España, va a acelerar la presentación de una nueva agenda de ajustes. Varios ministros, e incluso el propio Mariano Rajoy, que el sábado habló por primera vez de "recortes", han avisado en los ultimos días de la inminente llegada de nuevas "medidas duras". El presidente del Gobierno acude este martes al Congreso, donde se prevé que detalle los ejes de su política económica.

Estas son algunas de las medidas en las que trabaja La Moncloa para reducir el déficit y cumplir con las normas de austeridad que impone Bruselas tras el salvavidas que ha lanzado a la banca española. A cambio, la Unión Europea dará a España hasta 2014 para dejar el déficit por debajo del 3% del PIB, meta que en un principio estaba fijada para 2013.

Funcionarios: más carga de trabajo por menos dinero

Uno de los primeros colectivos que están en el punto de mira del Ejecutivo son los empleados públicos. Sus condiciones e incluso el puesto de trabajo de muchos de ellos puede estar en peligro. El lunes, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ya avisó de que el Gobierno estudia ampliar las horas de trabajo semanales de los funcionarios. Esta medida tendría como consecuencia la reducción del número de trabajadores eventuales, interinos y laborales.

Aunque los sindicatos han asegurado no tener "documentación oficial" sobre estos posibles recortes, temen que en la reunión prevista con Hacienda se les anuncie la eliminación de complementos salariales por destino o productividad o la reducción o incluso eliminación de una paga extra.

El Gobierno de Rajoy ya elevó la jornada laboral de los funcionarios en diciembre pasado, de 35 a 37,5 horas, cuando aprobó el primer decreto de medidas para reducir el déficit. Y en mayo de 2010, el anterior Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ya rebajó en un 5% las retribuciones de los empleados públicos.

Subida del IVA que repudió el PP cuando estaba en la oposición

A pesar de que, tanto en la oposición como en el Gobierno, los conservadores rechazaron la subida del IVA, el Ejecutivo no ha podido finalmente esquivar una medida solicitada insistentemente por Bruselas y que también aparece entre las principales recomendaciones del FMI.

A mediados de junio, Mariano Rajoy aseguró que todavía no se planteaba seguir al pie de la letra las recomendaciones del organismo internacional, sin embargo, el pasado lunes, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, deslizó que habría cambios en los impuestos al consumo. "Estamos en un tránsito hacia una fiscalidad menor para el trabajo y mayor en el ámbito indirecto", aseguró.

Entre las ideas que se barajan en La Moncloa está cambiar la base imponible algunos productos y servicios que en la actualidad se benefician del IVA reducido o superreducido (4% u 8%), y situarlos en el general, del 18%. Tampoco se descarta una posible subida de este gravamen, que todavía es de los más bajos de la UE.

Se especula, asimismo, con la posibilidad de se adelante la subida de los impuestos especiales, inicialmente prevista para 2013. A finales de junio, la secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, también anunció que, entre los planes del Gobierno, estaba la implementación del llamado "céntimo verde", que gravaría más las actividades contaminantes.

Recortes en la prestación por desempleo

Aunque, en campaña electoral, el líder del PP negó rotundamente que fuera a tocar las prestaciones por desempleo; las cosas han cambiado. Rajoy también considera rebajar al 60% del último salario la cuantía de la prestación contributiva por desempleo durante los primeros seis meses del paro. Ahora, la prestación durante ese primer medio año alcanza el 70%. A partir del séptimo mes, el beneficiario sí mantendría el 60% de la cuantía.

El Gobierno también tiene en mente la ampliación del periodo mínimo de cotización exigido para cobrar la prestación, que pasaría a los catorce o quince meses. Ahora está en doce. Otra de las alternativas que el Ejecutivo tiene encima de la mesa es recortar el periodo máximo de cobertura desde los veinticuatro a los dieciocho meses.

Vuelta atrás en la desgravación por compra de vivienda

El pasado 26 de junio, la secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, ya avisó de que el Gobierno estudiaba eliminar la desgravación por compra de vivienda habitual que el gabinete de Mariano Rajoy recuperó el pasado enero.

Lo cierto es que tanto la Comisión Europea como el FMI han hecho públicos sus reparos a esta ventaja fiscal, por entender que perjudica la eficiencia del sistema tributario español y favorece un modelo que propició un boom de la construcción que ya fracasó en el pasado.

Pensiones: cambios en el cálculo y adelanto en las reformas

Dentro de sus nuevos planes de ajuste, el Gobierno también podría articular cambios en los años de cotización para calcular la prestación de retiro. Tras la última reforma de la Seguridad Social, se amplió el periodo de cálculo hasta los 25 último años de cotización en 2022. Existe la posibilidad de que el Ejecutivo acuerde que se tome como referencia para el cálculo toda la vida laboral del trabajador y que, además, se adelante la entrada en vigor de esta última reforma. 

La posibilidad de que disminuyan las retribuciones no parece muy probable, aunque la congelación no está 100% descartada.

Privatizaciones: Renfe y Paradores, en el punto de mira

Con el objetivo de reforzar el capítulo de ingresos, el Gobierno también podría optar por dar vía libre a la entrada de la iniciativa privada en la gestión de sociedades y servicios públicos. Este  plan de privatizaciones, que tocaría a varios ministerios, podría afectar a empresas como Renfe, Puertos del Estado o Paradores e incluirá privatizaciones de sociedades y servicios prestados por las comunidades autónomas, como el Canal de Isabel II, de la Comunidad de Madrid.

Asimismo, contemplaría diversas desinveriones en empresas participadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), como IAG (compañía resultante de la fusión de Iberia y British Airways), Ebro Foods o Red Eléctrica de España (REE). Las privatizaciones de Aena o Loterías no parecen ser, por el momento, una prioridad para el Ejecutivo. 

Recorte del gasto

Entre las probables medidas, también existe la posibilidad de que el Ejecutivo de luz verde a un acuerdo de no disponibilidad de gasto que, como en ateriores ocasiones, se repartiría entre todos los ministerios. Todo ello, con el objetivo de relajar el déficit público al que insta Bruselas. 

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