El Gobierno fija las nuevas directrices de los servicios de inteligencia

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia, que se reúne hoy por primera vez desde que gobierna el PP y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) depende de Presidencia, aprobará la Directiva de Inteligencia para 2012, que establece las prioridades y objetivos del Ejecutivo en esta materia.

La reunión, que se celebrará en el palacio de la Moncloa, estará presidida por la vicepresidenta Soraya Saéz de Santamaría, y contará con la asistencia de los ministros de Exteriores, Defensa, Interior, Economía y Competitividad, el director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, el secretario de Estado de Seguridad y el secretario de Estado-director del CNI.

En esta primera reunión, a la que acude el director del CNI, Félix Sanz Roldán, nombrado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, está previsto que se apruebe la Directiva de Inteligencia, un documento que tradicionalmente elaboraba en solitario el CNI pero que este año cuenta con las aportaciones de todos los organismos del Estado.

La Ley reguladora del CNI dispone que sus objetivos concretos se determinarán y aprobarán anualmente por el presidente del Gobierno y se incluirán en la Directiva de Inteligencia, que tiene carácter secreto.

La Comisión también tiene previsto dar luz verde a un nuevo estatuto de personal, que regula el sistema de ingreso, de ascensos, de incompatibilidades, de concursos de méritos, de cambios de destino o de jubilaciones.

En este sentido, Sáenz de Santamaría anunció en el Congreso que el Ejecutivo elaborará un nuevo Estatuto con "el objetivo de dotarlo de una mayor profesionalización y ampliar su contribución a los objetivos nacionales de país".

La vicepresidenta del Gobierno justificó que el CNI esté bajo su mando y no bajo responsabilidad del Ministerio de Defensa porque la ley preveía este cambio y por la "evolución" de los servicios de inteligencia.

Al director de los servicios de inteligencia, esa decisión del Gobierno de Mariano Rajoy le pareció "razonable" y la calificó de "cambio administrativo", en unas recientes declaraciones.