El 16-J pasará a la historia por ser la fecha en la que el Gobierno de Zapatero echó mano a las reglas que organizan el mercado de trabajo en España. Desde los cambios de 1988, en los que se introdujeron nuevas modalidades de contratos, los sucesivos Gobiernos no habían impulsado cambios en profundidad en este sentido. Sin embargo, si las medidas adoptadas ayer, cortas para algunos y excesivas para otros, funcionan, se generalizará la adopción en el mercado español de un contrato único, identificado por contar con un despido de 33 días. En el ánimo del Gobierno está esta posibilidad y para lograrlo ha abierto casi de forma universal el grupo de colectivos a los que se les puede aplicar.

Aunque el borrador del viernes pasado excluía un grupo de trabajadores los hombres parados de 30 a 45 años que estuvieran menos de tres meses en desempleo , el Consejo de Ministros decidió ayer que se incluyera también a aquellos varones que tuvieran un contrato indefinido en el momento de pasar al desempleo.

Las causas objetivas para despedir exigen "razonabilidad"

Teniendo en cuenta que el decreto abre también la posibilidad a que los contratos temporales se conviertan, durante los próximos dos años, en indefinidos, el número de trabajadores que quedaría fuera de esta modalidad es muy limitado. Según explicó el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, en la rueda de prensa posterior a la aprobación del decreto, el contrato de 33 días se convierte así en una "auténtica alternativa" a la hora de formar nuevas plantillas.

Según los datos que maneja Trabajo, el 92% de los contratos que se hacen al mes son temporales, por lo que los 4,6 millones de empleados que hay en la actualidad estarían abocados a un empleo inestable. A estos hay que sumar los cuatro millones de temporales que existen en la actualidad.

Para impulsar este contrato, el Gobierno ha querido dar una mayor "seguridad y certeza" al empresario. Por eso, el decreto aprobado introduce modificaciones en la forma de extinguir el contrato con la compensación de 33 días, que hará más fácil su tramitación y garantiza al empresario que esta será la indemnización final que tenga que pagar.

Los contratos de obra y servicio no podrán durar más de 3 años

Además, Corbacho aclaró que todos los despidos en los que se aleguen causas objetivas, aunque luego sean declarados improcedentes, serán subvencionados por el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

El decreto amplía por tanto la posibilidad de pagar menos indemnización también en los contratos ordinarios. Esto hará que un despido objetivo procedente en cualquier tipo de contrato cueste 12 días por año trabajado al empresario (ahora son 20) y el objetivo improcedente (que se reconoce en el caso del contrato de Fomento) pase a valer 25 días (frente a los 33 actuales). Sólo los despidos disciplinarios, que se compensan con 45 días por año trabajado, escapan a esta subvención.

Además, el Gobierno ha hecho ademán de especificar las causas que debe alegar un empresario para alegar un despido objetivo pidiendo que demuestre una "situación económica negativa" ante la que se deduzca una "mínima razonabilidad" para la extinción. En la práctica, esta decisión vuelve a dejar al arbitrio del juez la objetividad del despido.

Otra novedad del texto respecto al borrador del viernes es que el Ejecutivo se pliega a una de las demandas patronales, dejando que los contratos de obra y servicio se extiendan hasta tres años (frente a los dos que recogía el borrador) con posibilidad de otros 12 meses si se acuerda en negociación colectiva.

Tramitación parlamentaria

El decreto se convalidará el día 22 de junio en el Congreso y luego comenzará su tramitación parlamentaria como proyecto de ley.

Ayer, dos diputados socialistas, Manuel de la Rocha y Antonio Gutiérrez, mostraron su posición "crítica" con el contenido de la reforma. Los dos diputados respaldaron un acto sindical en contra de la reforma y por una salida "social" de la crisis. De la Rocha ha anunciado que votará a favor del decreto por disciplina de partido, pero Gutiérrez se reservó su decisión final, a la vez que lamentó que el Gobierno se hubiera reunido con un grupo de presión como los cien economistas.

La reforma modifica los costes empresariales y la forma de negociar

¿Abaratan el despido?
La reforma no toca ningún contrato vigente, así que ninguna modificación abarata lo que se tiene que pagar a los que están trabajando ahora. Sin embargo, alienta a los empresarios a adoptar un contrato de trabajo que tiene un despido más barato que el ordinario indefinido, que está más generalizado ahora.

¿A quién perjudica?
Cualquier mujer podía ser contratada ahora por el contrato de 33 días, así que los damnificados son los hombres de entre 30 y 45 años, que tienen más probabilidades de que el próximo trabajo que consigan tenga un despido más barato. Sin embargo, para eso deberán perder su empleo actual. Los sindicatos temen que los contratos temporales se conviertan ahora en pasarelas para la contratación indefinida (porque se pueden revertir luego a indefinidos) como falsos periodos de prueba.

¿A quién beneficia?
Los trabajadores de sectores estacionales que suelen tener contratos temporales tendrán más protección, ya que la indemnización por despido subirá gradualmente hasta alcanzar los 12 días por año trabajado frente a los ocho de los que disponen ahora. Además, esto sube las posibilidades de que algunos empresarios se decanten por un contrato indefinido de 33 días de despido, porque, con la subvención del Fogasa, los costes finales en la extinción son casi los mismos.

¿Cómo se despide con 33 días?
Lo primero para despedir con una indemnización de 33 días es tener un contrato de Fomento del Empleo. Hasta ahora, sólo se garantizaba el pago de 33 días si se despedía por causas objetivas (lo que se abona con 20 días por año trabajado) y luego un juez declaraba la improcedencia del despido, lo que se compensa con 33 días. Sin embargo, la reforma incorpora la posibilidad de que el empresario alegue causas económicas y, en el mismo momento, reconozca la improcedencia del despido, por lo que paga directamente 33 días. Esto le ahorra el coste del proceso judicial. Los sindicatos creen que con esto se traslada el modelo de “despido exprés” a este tipo de contratos, aunque, en este caso, el empresario tendrá que dar un preaviso de 15 días al trabajador.

¿Qué pasa con el modelo austriaco?
El Gobierno se da un año para tramitar, mediante una ley, un nuevo sistema de capitalización individual que está inspirado en el modelo austriaco. El Ejecutivo quiere que a partir de 2012 cada trabajador acumule en una cuenta personalizada parte de la indemnización por despido y que se la pueda llevar en caso de que quiera mejorar su formación o por cuestiones de movilidad geográfica.

¿Cambia la organización del trabajo?
El Ejecutivo cree que con los Expedientes de Regulación de Empleo de reducción de jornada, conocidos como el modelo alemán, los empresarios preferirán suspender que despedir a sus trabajadores. Pero se introducen medidas para fomentar la negociación en los centros de trabajo, como la creación de una comisión que negocie por las pymes que no tengan representación sindical.