Siguiendo con la táctica de evitar medidas polémicas en plena campaña electoral, el Gobierno ha aprobado hoy la reforma de la Ley de Protección a la Infancia, que según su impulsora, Ana Mato, cuenta con el 'consenso de todas las administraciones públicas y entidades sociales especializadas en derechos de la infancia'.

La titular de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad así lo ha manifestado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha explicado las principales medidas recogidas en la normativa que convertirá a España 'en el primer país en incorporar al ordenamiento jurídico la defensa del interés superior del menor', incidió también la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

Así, a partir de ahora, 'se establece como requisito indispensable no haber sido condenado por delitos contra la libertad sexual, trata o explotación de menores para acceder a profesiones que conlleven un contacto habitual con niños', anunció Mato. Es decir, que un pederasta no podrá ejercer de profesor -al menos con menores de edad- porque, según explicaron fuentes de su departamento, ahora se podrán testear los currículums de los candidatos a estos puestos laborales con las bases de datos de delicuentes, por ejemplo. El Gobierno adopta así, con cuatro años de retraso, lo establecido en el Convenio de Lanzarote del Consejo de Europa para la protección de los niños, ratificado por España en 2010.

Además, 'las autoridades públicas, funcionarios y profesionales que conozcan abusos contra un menor en el ejercicio de sus funciones estarán obligados a ponerlos en conocimiento del Ministerio Fiscal'. Si no lo hacen, podrán concurrir en un 'delito de omisión' de socorro. Esta medida trata de evitar casos como el recientemente ocurrido en el colegio Valdeluz de Madrid, en el que la denuncia de una menor por los presuntos abusos de su profesor llegó hasta los servicios sociales de la Comunidad sin que al parecer eso le fuera de gran ayuda. A día de hoy el juez aún trata de dilucidar si el inspector que fue informado trató de disuadir a las víctimas de la denuncia o no. 

Asimismo, los anteproyectos de Ley Orgánica y de Ley de Protección a la Infancia aprobados hoy y que modifican otras 13 normativas (el Código Civil, la ley de enjuiciamiento criminal, la de violencia de género y la de protección jurídica del menor, entre otras) establecen la 'posibilidad' de que el juez prohíba la aproximación del acosador al menor y a su domicilio o colegio y todo tipo de comunicación con ellos ni por contacto 'escrito, verbal o visual' con el niño.  Que incluso los menores de 12 años -'siempre que tengan madurez suficiente'- tengan derecho a ser 'oídos y escuchados' en un juicio y evitar su 'victimización secundaria' sin obligarles a declarar más de una vez cuando son víctimas o testigos de algún delito son otras de las medidas incluidas en el plan. Se hace efectivo también el tratamiento de víctimas de violencia de género de los hijos de las mujeres maltratadas y, como tal, se favorece que puedan permanecer con sus madres.

Por otro lado, el departamento de Mato ha reforzado las garantías de los procesos de acogimiento y adopción con el fin de evitar la cronicidad de situaciones en las que los menores permanecen bajo guarda o tutela de las administraciones públicas, muchas veces, hasta los 18 años. En 2012, más de 35.000 menores se encontraban en esta situación: 'más de 21.000 en acogimiento familiar, pero 14.000 en residencias', lamentó la ministra.

Por ello, en los procesos de acogimiento y adopción primarán ahora 'las soluciones estables frente a las temporales, las familiares frente a las residenciales, las consensuadas frente a las impuestas y las nacionales frente a las internacionales', resumió la ministra.

EUROPA PRESS. Madrid

El anteproyecto de Ley de Protección de la Infancia aprobado este viernes por el Consejo de Ministros recoge una lista de deberes de los menores de edad en España en la que figura el de 'corresponsabilizarse en el cuidado del hogar y las tareas domésticas'. El anteproyecto, al que ha tenido acceso Europa Press, reforma el Título I de la actual Ley de Protección Jurídica del Menor, al que rebautiza como 'de los derechos y debetes de los menores' en el que se añade un capítulo sobre sus obligaciones en general y en los ámbitos familiar, escolar y social en particular. Sobre el entorno de la familia, la ley propuesta establece que 'los menores deben participar en la vida familiar respetando a sus padres y hermanos así como a otros familiares o personas que se relacionen de forma estable con el núcleo familiar'. Asimismo, fija que 'los menores deben participar y corresponsabilizarse en el cuidado del hogar y en la realización de las tareas domésticas de acuerdo con su edad y con independencia de su género'.

En cuanto al ámbito escolar, el texto elaborado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad dice que los niños y adolescentes 'deben respetar las normas de convivencia de los centros educativos, estudiar durante el periodo obligatorio y tener una actitud positiva de aprendizaje durante todo el proceso formativo'. En esta línea, 'los menores deben respetar a los profesores y otros empleados de los centros escolares así como al resto de sus compañeros, evitando situaciones de conflicto escolar', conforme reza el anteproyecto, al que ha tenido acceso Europa Press.

Respecto a sus deberes en sociedad, el Artículo 9 quinquies apunta que niños y adolescentes 'deben respetarse a sí mismos, a las personas con las que se relacionan y al entorno en el que se desenvuelven' y concreta distintas obligaciones, como la de 'respetar el medio ambiente y colaborar en su conservación dentro de un desarrollo sostenible'. También figura su deber de 'respetar la dignidad, integridad e intimidad de todas las personas con las que se relacionen con independencia de su edad, nacionalidad, origen racial o étnico, religión, sexo, orientación e identidad sexual, discapacidad, características físicas o sociales o pertenencia a determinados grupos sociales o cualquier otra circunstancia personal o social. En el mismo capítulo, se reseña la obligación de 'conservar y hacer un buen uso de los recursos e instalaciones y equipamientos públicos o privados, mobiliario urbano y cualesquiera otros en los que desarrollen su actividad'.

El anteproyecto de ley dice que, en términos generales, 'los menores, de acuerdo a su edad y madurez, deberán asumir y cumplir los deberes, obligaciones y responsabilidades inherentes o consecuentes a la titularidad y el ejercicio de los derechos que tienen reconocidos en todos los ámbitos de la vida, tanto familiar, escolar como social'. 'Los poderes públicos promoverán la realización de acciones dirigidas a fomentar el cumplimiento de los deberes y responsabilidades de los menores en condiciones de igualdad', apunta el texto promovido en el departamento que dirige Ana Mato.