El Gobierno incumple la Ley de Dependencia y usa la palabra "minusválido"

El Informe Económico y Financiero que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, registró en el Congreso de los Diputados junto al proyecto de Presupuestos Generales, utiliza el calificativo "minusválido" para referirse a personas con discapacidad, perpetuando así una terminología que debería estar ya erradicada de los textos legales en cumplimiento de la Ley de Dependencia.

Este texto oficial, recogido en la Serie Amarilla de documentación, se refiere al colectivo con el calificativo "minusválido" hasta en siete ocasiones y habla de "discapacitados" en otras tres, en lugar de utilizar la expresión "persona con discapacidad", establecida por ley al considerarse más respetuosa con la dignidad de estos ciudadanos.

La disposición octava de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia estableció en diciembre de 2006 que "las referencias que en los textos normativos se efectúen a minusválidos y a personas con minusvalía, se entenderán realizadas a personas con discapacidad", prescripción que entraría en vigor en enero de 2007, recogiendo así una demanda tradicional del colectivo.

Tres años más tarde, el Consejo de Ministros que presidía José Luis Rodríguez Zapatero aprobó el Real Decreto de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, que ordenó la sustitución de la expresión "minusválido" en la norma de 1999 que venía regulando esta materia. Además, la Comisión Estatal para el Seguimiento del Grado de Minusvalía pasó a llamarse "de Discapacidad".

La OMS abandonó la expresión "minusválido" debido a su connotación peyorativa

El propio decreto recordaba que la Organización Mundial de la Salud abandonó las expresiones "minusválido" y "minusvalía" en la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) del año 2001 "debido a su connotación peyorativa". El organismo reconocía así que las palabras "pueden estigmatizar y etiquetar" a las personas pese a los esfuerzos de las administraciones públicas por evitarlo.

La CIF decidió utilizar el concepto de "discapacidad", en tanto que "se refiere a los aspectos negativos de la interacción entre un individuo con una determinada 'condición de salud' y sus factores contextuales (ambientales y personales)", tal y como cita el Real Decreto aprobado en España en el año 2009 por el que debería dejarse de utilizar, además, la expresión "grado de minusvalía" en favor de "grado de discapacidad".

Sin embargo, ni el citado Real Decreto ni la Ley de Dependencia han conseguido que se cambie la normativa de referencia en lo que a prestaciones sociales para el colectivo se refiere: la Ley de Integración Social de Minusválidos (LISMI), que a día de hoy mantiene su nomenclatura. Con todo, la fórmula más extendida ya tanto en la administración como en los medios de comunicación es la de "persona con discapacidad".

Conforme explica el Decálogo para un uso apropiado de la Imagen Social de las Personas elaborado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), "puede causar cierta perplejidad la variedad de palabras con las que designar la discapacidad y a las personas que la presentan, pero, en el fondo, muestran una evolución en la búsqueda de un lenguaje que no estigmatice ni prejuzgue menor valor".

Villarino: "Primero son personas, y luego, personas que tienen una discapacidad"

"Al final, con los términos reflejamos una manera de pensar y una actitud", añade la vicepresidenta del CERMI, Pilar Villarino. En declaraciones a Europa Press, ha incidido en que "las leyes están para cumplirlas" y, en este caso, la Ley de Dependencia impuso la erradicación de una terminología que "tiene un carácter peyorativo y de desprecio". El texto adjunto a los presupuestos generales incurre por tanto, en "un incumplimiento claro", conforme ha señalado.

Villarino explica que la discapacidad hoy sólo se entiende desde la perspectiva de los Derechos Humanos, consagrada en la Convención de Naciones Unidas al respecto, "y el lenguaje no puede permanecer ajeno a este modelo". "Ni siquiera hablamos de discapacitados, porque primero son personas, y luego, personas que tienen una discapacidad. El lenguaje es muy importante", ha añadido.

Con todo, el CERMI no es partidario de otras expresiones tendentes a evitar la palabra "discapacidad", como "diversidad funcional". "Creemos que hay que llamar a las cosas por su nombre, pero hay que tratar a la persona como se merece y como persona, en primerísimo lugar debe figurar como sujeto de derechos", ha añadido.

La Real Academia Española de la Lengua define minusválido, dicho de una persona, como "incapacitada, por lesión congénita o adquirida, para ciertos trabajos, movimientos, deportes, etc.". Discapacitado, por su parte, sería aquella persona "que tiene impedida o entorpecida alguna de las actividades cotidianas consideradas normales, por alteración de sus funciones intelectuales o físicas".