La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró el miércoles en una comparecencia parlamentaria que en la gestión del secuestro del pesquero "Alakrana" se han empleado los únicos medios admisibles en un Estado de Derecho: la ley y el respeto a las normas nacionales e internacionales.

"El Gobierno se atiene siempre a la legalidad, faltaría más, pero que en este caso, en el caso del "Alakrana", hemos cumplido la ley de manera escrupulosa", añadió la vicepresidenta, que con esta respuesta trató de disipar dudas sobre el pago de un rescate, hecho que sí habría supuesto violar la legislación.

De la Vega aseguró que el Ejecutivo está "satisfecho" con la gestión de esta crisis, aunque admitió la posibilidad de discrepar y "abrir polémicas interesadas", en referencia a las acusaciones del Partido Popular sobre la posibilidad del pago de un rescate.

De hecho, en su intervención, la portavoz 'popular' Soraya Sáenz de Santamaría, centró gran parte de su discurso en esta cuestión.

"El rescate de hoy, alienta el secuestro del mañana", advirtió la portavoz.

"Inquieta el papel que haya podido tener el Gobierno. Su deliberada ambigüedad, cada vez que se ha hablado de ese pago, ha dado lugar a una sospecha, fundada, que usted hoy no ha sido capaz de disipar", añadió Sáenz de Santamaría.

16 de ellos españoles - durante 47 días, la liberación se produjo tras acordarse un rescate de 3,5 millones de dólares (unos 2,3 millones de euros).

El Ejecutivo ha reiterado que trabajó dentro de la legalidad, pero que sí cooperó con el armador de la embarcación.

PRESUNTO TRASLADO A TIERRA

Otro de los puntos más discutidos del secuestro fue el presunto traslado a tierra de tres de los miembros de la tripulación el 5 de noviembre. Según De la Vega, el Gobierno supo donde estaban los 36 miembros de la tripulación en todo momento y de manera permanente.

"Supimos que bajaban, supimos que al poco tiempo fueron repuestos en el barco, supimos lo que pretendían los criminales, supimos que en el barco los aislaron del resto de la tripulación, supimos que estaban bien, pero insisto, todo lo que hicimos, pedido por el propio patrón, fue para salvaguardar la vida de los tripulantes", concluyó De la Vega.

A este respecto, el patrón del atunero vasco, Ricardo Blach, afirmó que sabía "no al 100% pero sí al 90%, que estaban a bordo".

"Pero no podía decirlo porque si los piratas se enteraban de lo que sabíamos corrían peligro nuestras vidas y por eso traté de ocultarlo", dijo en la rueda de prensa que dieron siete de los ocho marineros gallegos tras declarar en Vigo ante el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

Uno de ellos, Secundino Dacosta, recordó el pánico que pasaron cuando los piratas les dijeron que llamaran a sus casas para despedirse, mientras otro más, Joaquín Fernández, reveló que llevó en un bote a "ocho o nueve piratas" una vez que se produjo la liberación del Alakrana.

Todos ellos pidieron que no se olvide la situación del "Ariana", un buque griego de tripulación ucraniana que lleva secuestrado desde mayo.

Pedraz interrogó el martes a los ocho marineros vascos en Guernica como parte de la investigación de la trama "jurídico financiera" que llevó a la liberación del "Alakrana" tras la petición de la Fiscalía.

Por otro lado, la vicepresidenta avanzó que el Ejecutivo tiene ya una propuesta de protocolo para la gestión de incidentes de este tipo que será sometida en los próximos días al estudio de los diferentes grupos parlamentarios.

A raíz de los sucesos en aguas del Índico, el Gobierno ha establecido que los barcos puedan llevar seguridad privada a bordo.