El Gobierno investigará los maltratos a menores

El Gobierno tuvo que reaccionar ayer al durísimo informe que presentó el lunes en el Congreso el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, sobre la situación que se vive en los centros de protección de menores en España. "Estos hechos tienen que ser investigados", dijo ayer la ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, quien anunció su intención de pedirle a la Fiscalía General del Estado que inicie una investigación sobre este tema.

El documento, de 468 páginas, está plagado de críticas contra las administraciones públicas por no prestar la debida atención a la suerte que corren los menores derivados a estos centros. En concreto, critica severamente la actuación de las administraciones, por "establecer un ambiguo sistema de protección", "insuficiente respuesta", instalaciones públicas que "no reúnen las condiciones necesarias" y ausencia de protocolos y de disposiciones normativas. Las denuncias se dirigen sobre todo a las autonomías.

Cabrera aseguró que, aunque se trata de una competencia exclusiva de las comunidades autónomas, su ministerio "no puede quedarse al margen". La ministra dijo que, dada la importancia de los hechos denunciados, contactará con las comunidades "al nivel que sea necesario", según declaraciones recogidas por Efe.

Aunque el Ministerio Fiscal también es citado en el informe negativamente, la mayor parte de las críticas las reciben estas administraciones. Muchas de las denuncias planteadas por el Defensor del Pueblo surgen porque se desentienden tras derivar la gestión de estos centros en entidades privadas. Según las cuentas de Múgica, de los 58 centros con que cuenta la red española, sólo tres se gestionan directamente por la Administración pública (uno en la provincia de Valladolid y dos en la de Barcelona). "La insuficiente regulación autonómica sobre esta materia propicia que las entidades gestoras dispongan de una libertad prácticamente total para imponer un régimen disciplinario que puede llegar a ser aún más duro que el existente en los centros de reforma", critica el informe.

Expediente de la Generalitat

A partir de ahí surgirían los malos tratos físicos y psicológicos denunciados, que también han obligado a actuar a la Generalitat de Valencia. Su Conselleria de Bienestar Social ordenó ayer la apertura de un expediente para investigar los centros de menores Baix Maestrat de Vinarós (Castellón) y LOmet de Elche (Alicante) por las irregularidades denunciadas en el informe de Múgica.

En su denuncia sobre estos centros, el Defensor del Pueblo alude a registros "en cuclillas y sin ropa" y a la agresividad de las "contenciones" a las que someten a los menores internos. En los dos casos del País Valenciano, los centros afirman tener "desavenencias" con la Generalitat para el mantenimiento de sus instalaciones.

El Partido Popular, por medio de su portavoz en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, reclamó al fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, que explique si la Fiscalia conocía las "dramáticas circunstancias" de estos centros de protección. La directora ejecutiva de Unicef en España, Paloma Escudero, también pidió ayer que se esclarezcan los supuestos abusos destapados por el duro informe.