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El Gobierno mantiene nueve recursos ante el Constitucional contra leyes catalanas

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El Gobierno mantiene aún nueve recursos de inconstitucionalidad presentados ante el Tribunal Constitucional (TC) contra leyes aprobadas por el Parlamento catalán, según datos facilitados a Efe por la Cámara catalana y actualizados hasta el pasado 20 de diciembre.

A pesar de que el Gobierno y la Generalitat son instituciones lideradas por dirigentes socialistas y, por tanto, del mismo color político, la legislatura se cerrará con este número de recursos pendientes.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero inició la legislatura retirando hasta cuatro recursos contra leyes catalanas, entre ellos uno contra la Carta Municipal de Barcelona, pero ha optado por mantener buena parte de los recursos presentados en la época del PP, además de añadir alguno.

Entre los recursos de inconstitucionalidad presentados ante el TC que aún se mantienen destacan el presentado en noviembre de 1999 contra la ley de apoyo a las selecciones deportivas catalanas.

Asimismo siguen pendientes de resolver por el Tribunal Constitucional los recursos del Gobierno a la ley de creación del colegio de censores jurados de cuentas de Cataluña de 1995 y a la ley del impuesto de grandes superficies comerciales del año 2000.

A esta lista cabe añadir también los recursos contra la ley catalana de archivos y documentos de 2001, contra la ley de protección contra la contaminación acústica de 2002 y contra la ley de mutualidades de previsión social de 2003.

A todos ellos hay que sumar otros tres, en este caso de la época de Gobierno del PSOE: el presentado por el Ejecutivo contra la ley catalana de comunicación audiovisual, el impulsado por 50 diputados del PP contra la misma ley y el promovido contra la ley catalana de profesiones tituladas y colegios profesionales de 2006.

A pesar de la lista del Parlament, el departamento de Relaciones Institucionales rebaja la cifra de los recursos pendientes hasta siete, puesto que no le constan ni el de colegios profesionales ni el de creación del colegio de censores jurados de cuentas.

Por otra parte, según los datos del Parlamento catalán, el Tribunal Constitucional, que dirime los conflictos competenciales entre administraciones, tiene pendiente de resolver 13 recursos de inconstitucionalidad aprobados por el Parlamento catalán contra leyes del Estado, todas ellas aprobadas durante el mandato del PP.

Entre ellas hay normativas como la ley general de estabilidad presupuestaria de 2001, la ley del ruido de 2003, la ley del sector ferroviario de 2003 o bien la ley por la cual se reformaba la normativa sobre el Poder Judicial en 2003.

El Alto Tribunal también tiene pendiente de resolver los recursos contra el Estatuto catalán presentados por el PP, el Defensor del Pueblo, la Región de Murcia, La Rioja, Aragón, Baleares y Comunidad Valenciana.

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