El Gobierno negocia contrarreloj los últimos flecos de la financiación

A cuatro días de que expire el plazo fijado para aprobar el nuevo modelo de financiación autonómica, el Gobierno negocia contrarreloj con las comunidades los últimos flecos de una negociación que todavía falta por limar pero que, ahora sí, parece que ha entrado en su recta final.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, ha intensificado en las últimas horas los contactos con los representantes de las diferentes comunidades autónomas para consensuar una propuesta final que permita cerrar un acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación.

Por ello, desde primera hora de la mañana ha mantenido conversaciones con los máximos representantes autonómicos y permanece en su despacho ultimando los contactos de una propuesta que debatirá el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el órgano que tiene que aprobar el sistema.

Y es que cuadrar las exigencias de todas las autonomías en el actual contexto económico se ha convertido en un verdadero sudoku difícil de solventar para el Gobierno, que insiste en que el acuerdo sobre financiación esta "muy cerca" y en que todas las comunidades estarán contentas con el nuevo sistema.

La oferta para Catalunya

En Catalunya, el viceprimer secretario y portavoz del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado que la oferta de financiación que la Generalitat tiene sobre la mesa (que prevé para Cataluña entre 3.400 y 3.600 millones de euros a partir de 2012) es "justa" y "honra desde el primer día" el Estatut.

Iceta ha precisado que el gobierno catalán y los partidos que le apoyan siguen negociando un acuerdo que "está al alcance de la mano" y que, de cerrarse, permitirá que Cataluña disponga por primera vez en su historia de unos recursos per cápita superiores a la media.

El secretario general de ERC, Joan Ridao, ha subrayado, por su parte, que aunque prosiguen las conversaciones con el gobierno para tratar de alcanzar un acuerdo, la propuesta "aún no alcanza el listón mínimo" para ser aceptable.

Las autonomías del PP podrían oponerse

También ven "francamente difícil" de dar el visto bueno a la propuesta las comunidades gobernadas por el PP, como adelantó ayer el portavoz de Economía de este partido, Cristóbal Montoro, quien dejó entrever que sus autonomías votarán en contra o se abstendrán en el próximo Consejo de Política Fiscal.

No obstante, Montoro precisó que sus comunidades podrían aceptar, ante la difícil situación económica que están viviendo, las cantidades que les asigne con el fin de poder pagar los servicios que ofrecen a sus ciudadanos. Mientras tanto, algunas regiones socialistas, como Andalucía o Castilla-La Mancha, podrían haber llegado a un acuerdo con el Ministerio de Economía. Otras, como Asturias y Aragón, ven avances, pero insisten en que la negociación continúa.

Reacciones conservadoras

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha acusado al Gobierno de organizar una "subasta" para negociar el nuevo modelo de financiación y le ha advertido de que no puede "improvisar, hacer una chapuza y situarse en el corto plazo", sino que debe resolver los problemas "con sentido común".

De "bofetada al millón de parados de Andalucía", ha calificado el presidente del PP en esta comunidad, Javier Arenas, la propuesta que ha hecho el jefe del Ejecutivo andaluz, José Antonio Griñán, sobre los fondos adicionales que tiene que recibir la comunidad dentro del nuevo modelo.

El conseller balear de Economía, Carles Manera, ha opinado que, "a día de hoy", el Govern de las islas no debe firmar el nuevo acuerdo de financiación en los términos propuestos por el Gobierno y ha apuntado que, con la actual propuesta sobre la mesa, Baleares "difícilmente podría firmar".

Por el contrario, el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, se ha mostrado hoy "razonablemente satisfecho" con lo que le corresponde a su comunidad, tras las conversaciones que ha mantenido con la vicepresidenta económica. También el consejero de Economía del Gobierno de Aragón, Alberto Larraz, cree que mantendrá a esta autonomía por encima de la media en cuanto a las percepciones del Estado.