El Gobierno italiano ha rechazado hoy la violencia vivida en Nápoles contra campamentos de gitanos, en su mayoría originarios de Rumanía, al tiempo que ha continuado con las redadas para la expulsión de extranjeros, pese a las críticas recibidas.

El ministro del Interior, Roberto Maroni, perteneciente a la Liga Norte, partido aliado del primer ministro, Silvio Berlusconi, calificó de "injustificables" los incendios, días atrás, de cinco campamentos gitanos vacíos en Nápoles.

"Se puede evitar que la rabia prevalezca sobre las reglas de la convivencia civil y que se repitan episodios de injustificable violencia como los que se han producido lamentablemente en Nápoles", dijo el ministro, en una alocución durante la fiesta del 156 aniversario del Cuerpo de Policía.

Sin embargo, aseguró que el Estado dará todo el apoyo necesario "para mejorar la seguridad" de Italia.

Es intención del Gobierno "gestionar con orden y rigor la inmigración interna y externa de la Unión Europea para garantizar la convivencia pacífica, de hoy y del mañana, de todos los pueblos", agregó Maroni.

Mientras Maroni pronunciaba esas palabras, once rumanos con antecedentes penales fueron expulsados en un vuelo directo a Bucarest.

Además, durante la noche, se llevaron a cabo en Roma tres controles y redadas en otros tantos campamentos de gitanos en busca de emigrantes ilegales, donde fueron apresadas cincuenta personas que no tenían los documentos en regla.

Tanto la violencia vivida en Nápoles como el anuncio y puesta en marcha de la expulsión de los inmigrantes que están en Italia de forma ilegal se producen apenas llegado Berlusconi al poder.

Berlusconi y sus socios hicieron de la persecución de la pequeña delincuencia común y la inmigración ilegal una de las principales banderas en su reciente campaña electoral y, después, en su programa de Gobierno para esta legislatura.

El primer ministro anunció que el próximo día 21 el Consejo de Ministros aprobará un decreto-ley sobre seguridad pública y lucha contra la inmigración ilegal.

Hasta el momento, nadie en Italia parece objetar las actuaciones y anuncios del Gobierno, que no han tenido respuesta por parte de la oposición.

El diario "Corriere della Sera", sin citar fuentes, publicó hoy que el presidente de la República, Giorgio Napolitano, se ha mostrado "cauto" sobre el decreto-ley y exigió para su entrada en vigor requisitos de "urgencia y necesidad".

Esas observaciones han sido interpretadas como una resistencia al decreto por parte del jefe del Estado, pero el alcalde de Roma, Gianni Alemanno, de la derechista Alianza Nacional, dijo que el Gobierno estaba de acuerdo con él y ya había previsto que en el decreto vayan sólo las medidas que son urgentes.

Prueba de la diligencia con la que el Gobierno de Berlusconi actúa en esta ocasión es que el ministro de Defensa, Ignazio La Russa, de visita en el Líbano, anunció hoy que "más de diez" bases allí desplegadas, que ya han sido desmanteladas, se trasladarán a Italia y servirán, a partir de ahora, como centros de acogida de clandestinos en vías de expulsión.

La Russa dijo, además, que se cambiará el nombre de los centros de acogida para llamarlos centros de identificación y expulsión, una afirmación que contrasta con la hecha ayer por su colega del Interior que negó la preparación de expulsiones masivas, prohibidas por la Unión Europea.

Un portavoz de la Comisión Europea (CE) aseguró que Italia no ha violado "hasta el momento" las leyes comunitarias sobre la libre circulación de personas.

Sin embargo, la misma CE recordó ayer, jueves, a Italia que la expulsión de extranjeros debe ejecutarse "caso por caso"; mientras a Roma llegaron noticias de una manifestación en Bucarest contra la "xenofobia y la discriminación" en Italia.

Otras críticas llegaron del Gobierno español, que por boca de su vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, manifestó que rechaza la xenofobia y, por ese motivo, no comparte la política de Berlusconi.