El Gobierno asegura que los siete de Chafarinas tuvieron la oportunidad de pedir asilo, pero lo rechazaron. Sin embargo, la versión oficial queda en evidencia ante la solicitud que cursó el 15 de abril la abogada Patricia Fernández Vicens, quien envió un fax a la Oficina de Asilo y Refugio, con copia a la Defensora del Pueblo y al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

La respuesta parlamentaria llega después de las preguntas realizadas por el diputado de Amaiur Jon Iñarritu, preocupado porque las fuerzas de seguridad devolviesen en caliente a siete migrantes que habían arribado a la isla del Congreso, en el archipiélago de las Chafarinas.

La decisión provocó las protestas de varias ONG. Caminando Fronteras aseguró que todos eran susceptibles de pedir asilo, pues procedían de Guinea Conakry, Costa de Marfil, Malí y República Democrática del Congo. Coordinadora de Barrios presentó una queja ante la Defensora del Pueblo para que actuase con urgencia y Acnur advirtió de que negarles la posibilidad de solicitarlo contravendría la legislación y los compromisos internacionales. 

El Gobierno sostiene ahora que desplazó al islote a una letrada, un intérprete, un miembro de la delegación del Gobierno en Melilla y varios policías nacionales y guardias civiles.

Una vez allí, 'a todos ellos les fue ofrecida la posibilidad de solicitar protección internacional, sin que ninguno la solicitara ni manifestara su intención de hacerlo', por lo que 'no puede en ningún caso afirmarse que no se atendió su derecho de solicitud de asilo', ha respondido por escrito el Ejecutivo.

Acnur, en cambio, aseguró en su día que el subdirector general de Asilo se comprometió verbalmente a tramitar la protección internacional. Finalmente, tras pasar más de treinta horas en territorio español, los migrantes fueron expulsados sin tener en cuenta la situación que atraviesan sus países, donde los derechos humanos son vulnerados.

Las devoluciones en caliente, una práctica ilegal consistente en entregar a las autoridades de otro país a ciudadanos en situación administrativa irregular sin seguir ningún tipo de protocolo establecido, han sido recientemente denunciadas en un informe por varios juristas españoles. La catedrática de Derecho Penal Margarita Martínez Escamilla considera que son 'un ejemplo de guerra sucia contra la inmigración' y censura que el Ministerio del Interior haya creado 'zonas Guantánamo en Ceuta y Melilla, donde el derecho no es aplicable'.