La nueva reforma financiera empieza a aclararse. Faltan muchos detalles todavía, pero bancos y cajas empiezan a conocer los grandes rasgos de lo que Luis de Guindos les va a exigir cuando la próxima semana apruebe esta normativa el Consejo de Ministros. Hasta ahora, se sabía que el Ejecutivo quería impulsar las fusiones con el objetivo de que el sector quedara reducido a una docena en una primera ronda (que ya sería la segunda si se incluye la del año pasado) y a menos de media docena en una segunda fase. Con sus nuevas exigencias, todo este proceso se va a acelerar mucho porque prácticamente van a estar obligados a hacerlas.

La idea del Ministerio de Economía y Competitividad es elevar sustancialmente las provisiones que deben realizar por todo el ladrillo que tienen en su poder. Actualmente, tienen obligación de alcanzar el 30% de forma paulatina. La idea es que eleven mucho esta cifra para alcanzar una media que ronde el 50%, aunque con exigencias muy diferentes según los activos. Por ejemplo, en el suelo se podría llegar hasta el 90% en el caso de los no urbanizables. Así se alcanzaría unas exigencias aproximadas de esos 50.000 millones que cifró De Guindos en una entrevista con Financial Times.

La reforma del sector financiero debería aprobarse el próximo viernes

Que esto va a ocurrir es algo que en el sector ya tienen claro desde hace semanas, pero lo que no saben son las cifras exactas y, sobre todo, lo más importante: cuál es el plazo para hacerlo porque esa es la diferencia entre vivir o morir.

El Gobierno, consciente de esta última realidad, va a obligar a hacerlo en un año a todas las entidades que no se fusionen. Y es consciente de que es un plazo demasiado corto para prácticamente todas menos para los dos grandes. Es su forma de acelerar e imponer de alguna manera las fusiones: castigando a quien no las haga. Para quienes sí se integren con otros, habrá dos años de plazo y la ventaja (que ya existía) de que podrán realizar esos saneamientos con cargo a reservas y patrimonio en lugar de cargarlas contra resultados, una circunstancia que no se puede permitir casi nadie porque las nuevas provisiones son infinitamente más elevadas que los beneficios de dos años.

Para quienes opten por no fusionarse, que puede acabar no siendo nadie porque los grandes es probable que acaben absorbiendo a alguna entidad con serios problemas, existirá la ventaja de que podrán cargar un 30% de las provisiones contra reservas y el 70% restante tendrán que seguir haciéndolo contra resultados.

Las entidades podrán cargar a reservas un 30% de las provisiones

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, no explicó ayer en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros cuáles serán los detalles de esta reforma, pero sí dejó claro que su objetivo es que 'para poder hacer los saneamientos de balances tienen que crearse entidades solventes y creíbles'.

De Guindos fue mucho más preciso en un artículo publicado ayer en The Wall Street Journal en el que aseguraba: 'La nueva reforma financiera que aprobaremos en breve obligará a los bancos a incrementar sus provisiones lo suficiente como para cubrir todas las pérdidas que surjan del sector inmobiliario tanto en activos como en créditos. El dinero de los contribuyentes no se usará para financiar las nuevas necesidades derivadas de la reforma. Todos los fondos tendrán que salir de las propias entidades y las que no sean capaces de conseguir los nuevos requisitos serán instadas a fusionarse con otros jugadores a través de un sistema de incentivos'. 'El resultado añadió más adelante serán menos jugadores pero más fuertes'.

La insistencia de que no habrá más dinero público (después de que la semana pasada Mariano Rajoy dejara claro que no habrá un banco malo) dejó mucho estupor ayer entre el sector y los expertos, a quienes no salen las cuentas de cómo se puede sanear todo el sistema sin que haya apoyo público, ni de España ni de la Unión Europea o el Fondo Monetario Internacional (FMI).

De Guindos asegura que no habrá más dinero público para ayudar al sector

Fuentes del sector financiero aseguraban ayer que la intención del Ejecutivo no es tampoco, como pretendía el anterior, cargar todo contra el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), financiado con fondos de las propias entidades. De hecho, reconocían que este instrumento sólo dará de sí para salvar a la CAM y que para el resto de entidades habrá que tirar de otra fórmula.

En conjunto, los planes del Gobierno no están cayendo bien en el sector, ya que por un lado se elevan mucho las exigencias de saneamiento y a la vez varias entidades las más grandes están intentando elevar su capital para cumplir con las exigencias de la Autoridad Europea Bancaria (EBA). En el sector aseguran que en un entorno tan complicado como el actual les están obligando a dar pérdidas y eso puede generar pánico, que es exactamente lo contrario de lo que están buscando.