La Audiencia Provincial de Madrid condenó en 2006 a un hombre que se quedaba el 70% de lo que ganaba una mujer mayor de edad que ejercía la prostitución libremente. La sentencia aplica el artículo 188 del Código Penal, que establece que será penado con entre dos a cuatro años de cárcel quien "se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma".

Si el Congreso de los Diputados aprueba la modificación del texto que plantea el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, puede que esta conducta deje de ser tipificada como delito. El Gobierno quiere eliminar en el articulado del nuevo Código Penal el concepto de explotación sexual y condicionar el castigo de la misma a que la víctima tenga que demostrar ese régimen de esclavitud. Para que se castigue al proxeneta, la víctima deberá demostrar que se encuentra "en una situación de dependencia personal y económica que no le deje otra alternativa, real o aceptable, que el ejercicio de la prostitución, o se impongan para su ejercicio condiciones gravosas, o desproporcionadas o abusivas".

Aunque el Ejecutivo arguye que introduce estos condicionantes para "concretar el concepto" de proxenetismo conforme a los textos internacionales, los expertos advierten de que los requisitos son abstractos, indeterminados y difíciles de demostrar. ¿Cómo se demuestra la dependencia personal y económica?, ¿qué se entiende por condiciones gravosas, o desproporcionadas o abusivas?

"Con la nueva regulación quedará impune la misma cantidad de delitos que hasta ahora y va a ser mucho más difícil juzgarlos", opina la abogada Ángela Alemany, expresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, quien señala que este cambio "deja más despenalizada" la explotación sexual. "Y todo lo que se despenaliza se va acercando a la legalización, lo que conlleva que pueda haber un negocio legal en España vinculado a la explotación", advierte.

La portavoz de Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución, Rosario Carracedo, coincide en el diagnóstico y es contundente: "La reforma del Código Penal permite que los proxenetas campen a sus anchas". La abogada considera que es necesario volver al texto de 1995 y retomar la figura de la tercería locativa, es decir el alquiler de local para el desarrollo de la prostitución. "Penando estas conductas se acabaría con el 90% de los casos de explotación sexual", calcula. Ésa es una de las rendijas por las que se escabullen los proxenetas, que se escudan en que simplemente alquilan habitaciones. 

Alemany propone que se eliminen las condiciones propuestas por Gallardón y que se establezca, simplemente, que "lucrarse de la prostitución ajena, aun con el consentimiento de la mujer, sea una conducta punible porque atenta a la dignidad de las mujeres". De lo contrario, se estará "dando fuerza a los proxenetas", advierte Beatriz Monasterio, presidenta de la Asociación Libre de Abogados de Madrid (ALA). "Estamos retrocediendo y perdiendo derechos, sobre todo, las mujeres", concluye.

El grupo socialista se reunió ayer con varias de estas expertas para analizar las consecuencias de la reforma del Código Penal en materia de proxenetismo. Representantes de Themis, el Colegio de Abogados de Madrid, la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres, el Sindicato de Secretarios Judiciales, la Unión Progresista de Secretarios Judiciales, asociaciones de abogados de Madrid, la Fundación Mujeres, Enclave Feminista y la Asociación para la reinserción de la mujer prostituida (APRAMP) debatirán un cambio que, según el PSOE, dará "cobertura legal a los grandes negocios de proxenetismo".