El Gobierno admite la complejidad jurídica de reformar la ley para permitir que los vascos que tuvieron que abandonar el País Vasco por culpa de ETA puedan votar por esa circunscripción, pero ha expresado la plena voluntad del Ejecutivo de sacarla adelante porque una "cuestión de justicia".

Así lo ha asegurado el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, durante su intervención en la inauguración de la jornada "Residencia y Derecho de Sufragio. Análisis del caso vasco", que reúne a los principales expertos en derecho electoral para analizar la posibilidad de modificar la ley en este sentido.

El titular de Interior ha insistido en que es una cuestión de "reparación y de justicia" con aquellas personas a las que los terroristas cercenaron sus libertades, y ha insistido en que el Ejecutivo no está pensando en las próximas elecciones.

"No estamos haciendo cálculos electorales", ha subrayado Fernández Díaz, quien ha apuntado que "eso sería una mezquindad" y que el Gobierno de Rajoy lo que quiere con un debate sereno es reparar la situación de aquellos que se vieron obligados a trasladar su residencia por la violencia.

El ministro, que ha apadrinado este foro de debate, ha dicho que esta iniciativa se enmarca en la fase "postETA", en la que el Estado de Derecho tiene la obligación de reparar las injusticias de 50 años de terrorismo.

"No pensamos en las próximas elecciones sino en las próximas generaciones", ha sentenciado, a propósito de las críticas que ha recibido la propuesta por parte de grupos nacionalistas que creen que el Gobierno trata de manipular el censo vasco para dar un vuelco electoral.

Para Fernández Díaz, no parece razonable que nietos o descendientes de españoles que nunca han estado en España puedan votar en las elecciones e incluso decidir gobiernos y, sin embargo, no se permita el sufragio a vascos que han tenido que huir de Euskadi por la violencia terrorista.

No obstante, ha reconocido que cualquier medida en este sentido necesita de una "gran finura jurídica", y para ello se ha recurrido a estos expertos de solvencia e independencia para que estudien la viabilidad jurídico constitucional de la propuesta.

Preguntado por el número de vascos que podrían acogerse a esta iniciativa, el titular de Interior ha reconocido que se han hecho estimaciones y que no se trata de una cifra "desdeñable", aunque ha dejado claro que no se trata de una cuestión "cuantitativa".

En su opinión, bastaría que a un sólo vasco se le hubiera impedido su derecho al voto para que el Estado tuviera "el deber moral de reparar esa injusticia".

Sobre la necesidad de llegar a acuerdos con otras fuerzas para el derecho al voto de este colectivo sea una realidad, ha dicho que para modificar la Ley Electoral el PP tiene mayoría suficiente, aunque su voluntad es que la iniciativa cuente con el máximo acuerdo político, siempre que el grupo de expertos considere que tiene "encaje jurídico constitucional".

Para Fernández Díaz, las dificultades jurídicas que entraña esta propuesta no son insalvables, y ha puesto como ejemplo la Ley de Partidos que permitió ilegalizar a Batasuna como una norma que levantó mucho escepticismo en su momento, pero que ha sido vital para la derrota de ETA.

Los expertos, que se han reunido a puerta cerrada en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, continuarán las sesiones de trabajo durante el mes de junio y dedicarán todo el tiempo que sea necesario, pero sin "apasionamiento ni precipitación", ha concluido el ministro.