El Gobierno aprobó hoy el decreto Ley conocido como la "Ley Ómnibus" que modifica 47 normas estatales relacionadas con el sector Servicios y que, según la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, deja atrás "la cultura de autorizaciones para todo".

La aprobación de este decreto Ley, que inicia ahora su trámite parlamentario, supone la adaptación a la legislación española de la nueva Directiva Europea de Servicios que deberá ser traspuesta a finales de este año.

La "Ley Ómnibus" conlleva la liberalización de actividades económicas, en el sector del transporte, comunicaciones, construcción, agricultura o sanidad y afectará, sobre todo, a la actividad de los Colegios Profesionales o las de las autoescuelas.

La vicepresidenta primera explicó durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que la nueva Ley impulsará la "eficiencia, la productividad y el empleo" y abrirá "nuevos mercados" a las empresas españolas en Europa.

Por su parte, la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, dijo que se trata de la "mayor reforma estructural" de un sector que representa el 66% del PIB, y que ayudará a aumentar la competitividad de las pymes españolas.

Asimismo, calculó que la trasposición de la Directiva europea supondrá la aportación de 1,2 puntos al crecimiento de la economía española en los próximos cinco años, así como la creación de entre 150.000 y 200.000 nuevos empleos.

Salgado señaló que la nueva normativa supondrá la modificación de 116 decretos leyes y normas autonómicas y municipales en las próximas semanas, por lo que pidió colaboración.

Por su parte, Fernández de la Vega especificó que la Ley Ómnibus eliminará 16 regímenes de autorización previa, otros 32 los sustituirá por comunicaciones previas, y suprimirá 111 requisitos.

"Simplificará al máximo todos los procedimientos administrativos para dejar atrás la cultura de la autorización para todo y supondrá la liberalización de los mercados españoles en Europa y la retirada de barreras anacrónicas", aseveró.

La vicepresidenta primera añadió que el Gobierno ha ordenado a todos los ministerios dar prioridad a la modificación de las leyes estatales que les afectan.

Entre las principales modificaciones destaca la reforma de la Ley que regula los Colegios Profesionales, la mayor realizada desde 1997, y que afecta a un millón de trabajadores.

Esta reforma supondrá la eliminación de las restricciones impuestas por los Colegios al ejercicio conjunto de dos o más profesionales y permitirá a los profesionales asociarse con mayor facilidad.

También eliminará la obligatoriedad de los visados colegiales, que serán voluntarios, excepto cuando lo exija la Ley, y suprimirá las restricciones injustificadas a la publicidad de los servicios profesionales, para que el consumidor esté mejor informado.

La nueva ley de los Colegios Profesionales favorecerá la competencia de precios, ya que elimina la función de estos órganos de fijar baremos orientativos de honorarios.

En el sector del transporte terrestre, los cambios normativos supondrán la eliminación de dos regímenes de autorización (de estaciones y centros de transporte y para el arrendamiento de vehículos sin conductor), introduciendo así un régimen de libre acceso y ejercicio de la actividad.

Asimismo, la nueva "Ley Ómnibus" implica la creación de un nuevo tipo de autoescuelas dedicadas exclusivamente a la formación teórica.

En el sector energético, la norma sustituirá cuatro regímenes de autorización previa por comunicaciones de inicio de actividad a la autoridad competente y suprimirá determinados registros de operadores que son sustituidos por listas publicadas en Internet.