El PP mostró ayer sus cartas sin pudor. Un mes después de llegar al Gobierno, los conservadores reconocieron por primera vez de forma abierta que quieren recuperar la Ley del Aborto de supuestos de 1985. Eso significa que modificarán la actual norma de forma que no se permita el aborto libre en las primeras 14 semanas de gestación, algo que equiparó en julio de 2010 la legislación española a la de los países punteros de la UE:

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, fue difuso en su anuncio: "Se defenderá el derecho a la vida en los términos ya definidos por la doctrina del Tribunal Constitucional [TC]". Ayer, en su primera comparecencia en el Congreso, Gallardón evitó profundizar. Por eso se llevó las críticas de la exministra de Sanidad, Leire Pajín, que le acusó de esconder "sus verdaderas intenciones" al anunciar la reforma.

El PP se ampara en una sentencia que reconoce el derecho del "nasciturus"

Fuentes de su gabinete aclararon después que el Gobierno pretende, efectivamente, recuperar la ley de supuestos de 1985. El Ejecutivo se ampara en la sentencia de ese mismo año en que el TC reconocía en esa fórmula la forma de salvar el choque entre "el derecho a la vida" y "la dignidad de la mujer".

Según fuentes de Justicia, el objetivo es "avanzar en un sistema en que los concebidos no pierdan sus derechos, que es lo que han perdido con la ley de Zapatero". Gallardón había utilizado prácticamente las mismas palabras para justificar su rechazo a la Ley del Aborto en vigor, hace un par de meses, cuando aún era alcalde de Madrid, en una entrevista a El País. También el Grupo Parlamentario Popular aclaró que "se volverá a lo que había antes", aseveró a Efe su portavoz adjunta en la Comisión de Justicia, Beatriz Escudero.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, justificó ayer la reforma porque figuraba en el programa electoral que votaron una parte "muy sustancial" de los españoles. El PP había prometido cambiar "la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores".

El PSOE defiende la constitucionalidad de la norma que está en vigor

La falta de concreción con que hasta ahora se había referido Rajoy a la reforma era interpretada por las clínicas abortistas y las feministas como una forma de atraer a su electorado más ultra sin ahuyentar al moderado.

En cambio, Rajoy sí había asegurado abiertamente, como ayer ratificó Gallardón, que la ley se cambiaría para exigir el consentimiento paterno para que las chicas de 16 y 17 años aborten. Con la norma en vigor, esto quedó reducido a la obligación de informar.

Además del cambio anunciado ayer, el PP tiene recurridos ante el Tribunal Constitucional varios puntos de la norma, entre ellos los dos que va a reformar.

Ana Mato dará más detalles la semana que viene en el Congreso

El Ministerio de Justicia será el encargado de impulsar el cambio, aunque también trabajará en él el de Sanidad, Política Social e Igualdad. Fuentes del departamento que dirige Ana Mato explicaron a este diario que la ministra dará más detalles sobre la reforma en su comparecencia, la semana que viene, en el Congreso.

Con la ley actual, más allá de la semana 14 de gestación, se permite el aborto en determinados supuestos. Cuando el PP lleve a cabo la reforma, el aborto sólo volverá a estar permitido en tres supuestos y quien no los cumpla cometerá un delito. La ley de 1985 permitía el aborto, dentro de las primeras 12 semanas de gestación si el embarazo fue fruto de una violación; hasta las 22 semanas si el feto presentaba graves taras físicas o psíquicas; y no había límite para abortar si la mujer alegaba que continuar con el embarazo le suponía grave peligro para su vida o su salud. A este último supuesto se acogían la mayoría de las mujeres.

La ley actual no disparó las intervenciones como auguró el PP

Para la secretaria de Igualdad del PSOE, Soledad Cabezón, no tiene sentido acogerse a la sentencia del TC para justificar el cambio porque "la ley en vigor la respeta, es constitucional". Cabezón aseguró que, con la ley de 1985, "las mujeres y los profesionales estaban en una situación de inseguridad jurídica". En esta misma línea denunciaron el cambio la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) y la Federación de Mujeres Progresistas. Las asociaciones de mujeres, las clínicas y los partidos progresistas denuncian que, en realidad, la norma aprobada en los años ochenta era un coladero. "Quienes legislamos no podemos ir en contra de la práctica habitual", insistió Cabezón.

Por su parte, la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (Acai) recordó que un retroceso de la legislación del aborto lleva a las mujeres "a un mayor número de interrupciones inseguras y clandestinas". La semana pasada la revista científica The Lancet publicó un artículo que así lo alertaba. En 2010, con la ley en vigor desde julio, el número de abortos apenas subió un 1,3%, pese a los augurios de los conservadores que pronosticaron un aumento espectacular.

La batalla de los conservadores contra el aborto, casualmente, la empezó el padre del actual ministro de Justicia. Alianza Popular (AP) presentó en 1983 un recurso contra la ley que acabó entrando en vigor en 1985 y que anunció José María Ruiz-Gallardón, que era portavoz de AP en el Congreso.

En octubre de 2009, cuando el entonces Gobierno socialista ya había empezado a tramitar la norma ahora en vigor, varios de sus dirigentes, con el expresidente del Gobierno José María Aznar a la cabeza, acudieron a la multitudinaria manifestación organizada por grupos ultra en Madrid, y que exigía la abolición del aborto. Olvidaron entonces que durante los ocho años de mandato de Aznar no se tocó ni una coma de la ley que entró en vigor en 1985 y que ahora el Ejecutivo de Mariano Rajoy quiere retomar. Olvidaron que entre 1996 y 2004 se produjeron 500.000 abortos.