El Gobierno está planeando introducir reformas legales en la Ley del Régimen Local para evitar que formaciones como Acción Nacionalista Vasca puedan gobernar en los ayuntamientos pese a que estén ilegalizadas por su vinculación con ETA.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció el viernes después del Consejo de Ministros que el Ejecutivo va a buscar el consenso de todas las fuerzas políticas para modificar dicha ley.

"El artículo 61 de la ley del régimen local (...) establece unos criterios que, interpretados con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, hace prácticamente muy difícil o imposible proceder a la disolución de estas corporaciones locales" declaró De la Vega.

La ley exige la existencia de unas "actuaciones reiteradas y graves (...) acreditadas de forma probada" para proceder a la disolución de un consistorio, indicó De la Vega, un aspecto que ahora no se cumple, por lo que es prácticamente imposible impedir que ANV gobierne en diversos municipios del País Vasco.

"Se trata de buscar legalmente las vías en el ámbito de la Constitución permitan impedir que representantes de formaciones políticas ilegalizadas por razones de apoyo al terrorismo puedan gobernar en los ayuntamientos", manifestó, agregando que ya se han dado instrucciones a los servicios legales del Estado.

El asesinato del empresario Ignacio Uría en Azpeitia a manos de ETA esta semana y la consiguiente no condena del atentado de la corporación municipal de esta población, gobernada por ANV, ha llevado a primer plano de nuevo la presencia de la izquierda 'abertzale' ilegalizada en los consistorios vascos.

El jueves el Partido Popular presentó una iniciativa en el Congreso de los Diputados la disolución de los ayuntamientos gobernados por ANV.