El Gobierno ha aceptado incluir en su documento para llegar a un pacto político anticrisis reformar la ley de Enjuiciamiento Civil para elevar el umbral del sueldo que no se puede embargar en una ejecución hipotecaria y aplicar un tipo superreducido de IVA a los servicios de atención a la dependencia.

La demanda para aumentar el umbral del sueldo que no puede ser embargado la ha solicitado IU-ICV, mientras que el IVA reducido para la dependencia CiU.

En la rueda de prensa de presentación del texto, la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, dijo que todavía no se ha concretado el umbral del sueldo que no se podrá embargar.

Según explicó, se está discutiendo situar ese límite en torno "al 20% del salario mínimo interprofesional por cada familiar a cargo" del embargado.

Dentro de la reestructuración del sistema financiero, el Gobierno ha acordado con los partidos clarificar los sistemas institucionales de protección (SIP), las llamadas "fusiones frías", para garantizar su seguridad jurídica.

En este punto, Salgado aseguró que se están haciendo "consultas particulares" para aclarar cuál es el tratamiento contable y fiscal de los SIP, algo que ha pedido el PP, del que la vicepresidenta espera que se sume también al acuerdo.

Asimismo se reducirán los plazos y trámites asociados al funcionamiento del Fondo de Reordenación y Ordenamiento Bancario (FROB), indicó Salgado.

En cuanto a las primeras iniciativas aceptadas por los grupos se especifica que antes del 15 de junio se iniciará la actividad del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de los préstamos directos a pymes, con un importe máximo de 200.000 euros por operación y en las que ese organismo crediticio público asume el 100% del riesgo.

También para facilitar el acceso de las pymes al crédito se reducen los plazos y trámites de contratación y el ICO elevará los topes de riesgo que asume.

En paralelo, se flexibilizan los requisitos de reinversión de los fondos derivados de las titulizaciones FTPYME, permitiendo que se destinen a financiar activo circulante de las pymes.

También se acortará de un año a seis meses el plazo para que las pymes soliciten la recuperación del IVA en caso de impago de facturas.

Para que las Sociedades de Garantía Recíproca puedan contar con más recursos, el ICO compartirá el aval de las operaciones de esas entidades.

Para impulsar la creación de empleo se fomentan las actuaciones de rehabilitación y eficiencia energética en el sector de la construcción.

Así, se reduce el IVA para todo tipo de obras de mejora de vivienda, fijando el tipo reducido para las obras realizadas hasta 31 de diciembre de 2012 y ampliando el límite máximo del coste de materiales hasta el 30% del precio de la actuación.

Se crea una nueva deducción en el IRPF por obras de mejora de la vivienda habitual, realizadas antes del 31 de diciembre de 2012.

La deducción será del 10% para contribuyentes de renta inferior a 33.007 euros, con un límite del 4.000 euros anuales por vivienda, pudiendo deducirse las cantidades excedentes a lo largo de los cuatro ejercicios siguientes y con un máximo total de 12.000 euros.

Decrecerá progresivamente para los contribuyentes con rentas entre 33.007 y 39.407,20 euros.

En materia de infraestructuras, y a petición de CC, se aplicará una subvención del 50% del importe de las tasas de aterrizaje y de la tarifa B.1 por los vuelos con origen o destino a los aeropuertos canarios en días determinados, desde el 26 de marzo de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2012.

Se amplia hasta el próximo 31 de diciembre la bonificación del 30% de las tasas de aterrizaje de aeronaves y tasas aplicables a pasajeros en los aeropuertos extrapeninsulares.

Sobre el exceso de equipaje se propone que se calcule en función del peso y no del número de bultos, y la obligación de aceptar las compras en las tiendas situadas en las áreas de embarque sin penalizarlas.

Como impulso de la actividad industrial se elaborará un Plan Integral para elevar su peso en el PIB, lo que conlleva el fomento del sector aeroespacial, de la automoción y del vehículo eléctrico.

Para el sector turístico se adoptará un plan de incentivos para las empresas que se comprometan a ampliar su actividad por encima de seis meses durante 2010 y 2011

En sector energético se proponen medidas para que las eléctricas puedan financiar y titulizar los déficit de tarifa coyunturales.