El Gobierno vuelve a incumplir su programa y mantiene la elección parlamentaria del CGPJ

El Gobierno culminó este viernes un nuevo incumplimiento de su programa electoral al mantener la elección parlamentaria de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial, y de paso dió una nueva coz a las asociaciones de jueces, con quienes el ministro Ruiz-Gallardón mantiene un durísimo enfrentamiento.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Justicia defendió que la reforma del Consejo General del Poder Judicial aprobada este viernes por el Gobierno no supone incumplir el programa del PP, pese a que es una evidencia que el Ejecutivo lo ha hecho: prometió  que los 12 vocales de procedencia judicial los elegirían de forma directa los jueces, y la propuesta legal deja la designación en el Parlamento, que la tiene atribuida desde 1985.

Pero el ministro interpreta que la promesa del PP era en favor de la "despolitización de la justicia", y cree que el proyecto lo consigue al restar poder a las asociaciones de jueces en la preselección de candidatos y abrir esa fase a los jueces no asociados, que son la mitad de la carrera.

Gallardón cree que hay una forma de politización de la justicia que no procede de la interferencia de los partidos políticos en ese mundo, sino que viene de las asociaciones, a quienes culpó de haber acaparado las designaciones de altos judicatura en los últimos años, dejando fuera a los jueces no asociados.

Pese al clamor entre los jueces contra su gestión, el ministro cree que este proyecto de reforma será bien recibido porque garantiza la independencia del poder judicial y sigue la línea de austeridad que marca la crisis económica. En ese sentido, insistió en que las asociaciones de jueces, a las que escuchará en la tramitación del anteproyecto, no son la única voz en la justicia, por lo que también hablará con magistrados del Supremo, o los presidentes de los tribunales superiores de Justicia. Como colofón de sus ataques a las asociaciones, subrayó que éstas defienden a sus asociados, mientras que el Gobierno se preocupa además de todos los ciudadanos, es decir, del interés general.

La reforma aprobada, que ahora se remitirá para informe al propio Consejo del Poder Judicial, al Consejo Fiscal y al Consejo de Estado, no es fruto de un pacto previo con el PSOE, aunque Gallardón considera que sus aspectos esenciales serían respaldados por el que está siendo desde verano su interlocutor del proyecto dentro el PSOE, que es el exministro del Interior y fiscal Antonio Camacho. En cualquier  caso, espera que obtenga el aval del principal grupo de la oposición y de otros partidos.

El cambio del sistema de elección del Consejo era una reclamación de la principal asociación de jueces, la APM, pero es rechazada por el PSOE. Ruiz-Gallardón, actualmente muy distanciado de la APM, ha presentado un Anteproyecto que deja la elección final de los 20 vocales a quien ya la tiene asignada desde 1985, es decir, al Congreso y al Senado, lo que allana un acuerdo con los socialistas. 

El texto legal introduce un mecanismo previo en el proceso de selección de los vocales que resta poder a las asociaciones de jueces, ya que pretende abrir el órgano de gobierno al 50 por ciento de los magistrados, que no están asociados. 

Así,  podrá ser candidato a las 12 plazas judiciales cualquier juez que tenga el aval de otros 25 compañeros en activo, o de una asociación judicial, que podrán respaldar a un máximo de 12 aspirantes. El presidente del Supremo remitirá la lista de candidatos al Parlamento para que sean elegidos los vocales, y se tendrán en cuenta en la elección que los no asociados son la mitad del colectivo.

Además, el Gobierno propone que los vocales con dedicación exclusiva sean sólo 7 de los 20, incluido el presidente del Supremo, mientras que los otros 13 sigan desempeñando sus empleos habituales y sólo cobren dietas. Para evitar que haya vocales de primera y de segunda, los 20 se irán turnando anualmente, de modo que todos ellos estarán durante su mandato un tiempo en la Comisión Permanente, que agrupará a los consejeros de dedicación exclusiva.

El texto restringe las competencias del Consejo a las que expresamente le atribuye la Constitución en su artículo 122, mientras que establece limitaciones a su actividad internacional, a la potestad reglamentaria y al ámbito presupuestario.

La reforma mantiene la mayoría reforzada de tres quintos que requiere el Consejo del Poder Judicial para elegir a su presidente, aunque rebaja ese requisito para otros nombramientos, reformando la norma que aprobó el Gobierno de Zapatero en sus inicios para conseguir minorías de bloqueo a los nombramientos de un Consejo entonces dominado por mayoría simple por los consejeros afines al PP. Además, establece que el Consejo tenga un vicepresidente y el Tribunal Supremo, otro.

El fututo CGPJ sólo tendrá cuatro comisiones: la Permanente, que aglutinará las asignadas a las comisiones eliminadas; la Económica; la de Igualdad; y la Disciplinaria, a quien hará propuestas una figura de nueva creacion denominada promotor de la acción disciplinaria.

Es decir, desaparece como tal la Comisión de Estudios e Informes, tradicional 'dolor de cabeza' de los gobiernos con sus dictámenes sobre los anteprotectos de Ley, asumiendo sus competencias la Comisión Permanente.

El Pleno, con los 20 vocales más el presidente, tendrá funciones de nombramiento de magistrados del Supremo y de separación del servicio de jueces por motivos disciplinarios, entre otras, dejando a la Comisión Permanente la gestión cotidiana.

El Gobierno ha adelantado esta reforma porque quiere que esté en vigor para el proceso de renovación del Consejo que debe realizarse en septiembre de 2013.

El PSOE celebra que el PP "rectifique"

El portavoz de Justicia del PSOE en el Congreso de los Diputados, Julio Villarrubia, ha valorado "positivamente" que el Gobierno "haya rectificado" respecto a la designación parlamentaria de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha defendido la importancia de lograr un órgano "plural" en la que estén representados jueces no afiliados.

Según ha explicado Villarrubia, su grupo valora "inicialmente" de forma positiva el anteproyecto que ha sido aprobado este viernes por el Consejo de Ministros en el que se modifica el funcionamiento del órgano de gobierno de los jueces. "La soberanía popular reside en el pueblo, del que emanan todos los poderes del Estado, incluido el judicial", ha indicado el portavoz socialista, para abogar por "mejorar" el sistema de elección con el fin de garantizar una mayor pluralidad.

Las claves de la reforma del Poder Judicial

Las novedades del anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada hoy por el Consejo de Ministros, según la referencia del Ministerio de Justicia, son:

Elección de vocales

Las Cortes elegirán por mayoría de tres quintos a los 20 vocales del CGPJ: el Congreso designará a 4 juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional y a otros 6 correspondientes al turno judicial, y el Senado a otros tantos.Cualquier juez podrá presentar su candidatura aportando el aval de 25 miembros de la carrera judicial en servicio activo o el de una asociación judicial. Cada juez o asociación podrá a su vez avalar a un máximo de 12 candidatos. Todas las candidaturas (no un listado de 36, como hasta ahora) se remitirán a las Cámaras para que cada una de ellas proceda a la elección de los 6 vocales de extracción judicial que le corresponden.Las Cortes procurarán respetar la proporción existente en la carrera judicial entre afiliados y no afiliados y, como mínimo, la proporción de 3 magistrados del Tribunal Supremo, 3 con más de 25 años de antigüedad, 4 con menos y 2 jueces. La renovación del CGPJ garantiza que se cumplan sus plazos sin retrasos. Si el día de la constitución de este órgano una de las dos Cámaras no ha procedido a la elección de los vocales que le corresponden, el CGPJ se constituirá con los 10 nuevos designados por la otra Cámara y los 10 que en su día eligió la que ha incumplido el plazo.El nombramiento de vocales con posterioridad no supondrá la ampliación de su cargo más allá de los cinco años del mandato del Consejo para el que han sido designados.

Vocales en servicio activo y retribución

Todos los vocales del CGPJ, salvo los 6 que formen parte de la Comisión Permanente y el que sea nombrado vicepresidente del CGPJ, permanecerán en servicio activo. Sólo tendrán dedicación exclusiva los vocales que, junto con el presidente del Tribunal Supremo, integren la Comisión Permanente (tres procedentes de la carrera judicial y tres juristas a los que, en la medida de lo posible, se renovará anualmente).
Tendrán una retribución sólo estos 6 vocales y será la equivalente a magistrado del TS. El resto solo cobrará dietas por reuniones.

Presidencia del TS y el CGPJ

Podrán presidir el Tribunal Supremo y el CGPJ los magistrados del alto tribunal con una antigüedad de al menos tres años en la categoría o juristas eminentes con más de 25 años de experiencia profesional. Se nombrará un vicepresidente del Tribunal Supremo (los candidatos tendrán que tener categoría de magistrado del Supremo y reunir los requisitos para ser presidente de Sala). El vicepresidente del Supremo, que no formará parte del pleno, será quien sustituya al presidente en los supuestos de vacante, enfermedad o cualquier otro motivo en el alto tribunal. El pleno del CGPJ elegirá un vicepresidente del CGPJ entre los vocales que lo forman. Sólo podrán ser elegidos los que sean magistrados del Tribunal Supremo.

Competencias

El CGPJ mantiene las competencias que la Constitución le encomienda: nombramientos, ascensos y régimen disciplinario. No hay ninguna modificación: las decisiones relevantes seguirán en manos del Pleno, que conserva sus competencias. La actividad internacional del órgano de gobierno de los jueces deberá estar coordinada con el Ministerio de Asuntos Exteriores y se regulan con exactitud las leyes sobre las que puede emitir informes. La Comisión Permanente asumirá las competencias que en la actualidad se repartían una quincena de comisiones, salvo las que correspondan a la Comisión Disciplinaria, a la de Igualdad y a la de Asuntos Económicos, que se mantienen. Se crea un Cuerpo de Letrados propio para dotar de una mayor profesionalización al CGPJ.

Régimen disciplinario

Se crea la figura del promotor de la Acción Disciplinaria (un magistrado del TS o uno con más de 25 años de antigüedad). Tendrá dedicación exclusiva para instruir los expedientes y será quien acuse ante la Comisión Disciplinaria, que actuará como tribunal disciplinario y será quien resuelva los expedientes por infracciones graves o muy graves, aunque la sanción de separación del servicio seguirá correspondiendo al Pleno. La Comisión Disciplinaria estará formada por 7 vocales (4 del turno judicial y 3 del turno de juristas de reconocida competencia) por un mandato de cinco años. Para agilizar el funcionamiento del CGPJ, las decisiones se tomarán por mayoría simple, reservando la mayoría reforzada a las decisiones de especial relevancia previstas en la ley, como las destituciones de vocales y del presidente.

Presupuesto

El primer presupuesto del CGPJ se hará en base cero, por lo que se tendrán que justificar todas las necesidades de la institución para prepararlo. Según Justicia, mantendrá autonomía presupuestaria, aunque no podrá fijar sus propias retribuciones o dietas y, en cualquier caso, estará sometido al control de la Intervención.