El Gobierno y siete autonomías colaborarán en la confección del mapa de fosas

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, firmará mañana convenios de colaboración con siete comunidades autónomas para confeccionar el mapa de fosas previsto en la Ley de Memoria Histórica.

Cataluña, País Vasco, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón y Cantabria participarán en esta iniciativa para atender la demanda de los ciudadanos que ignoran el paradero de sus familiares desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura.

La firma estaba prevista para el pasado 21 de diciembre, pero el temporal de nieve que sufrieron la práctica totalidad de las comunidades impidió a los representantes autonómicos acudir a la cita con Caamaño.

En los acuerdos se establece que las administraciones autonómicas aporten datos al mapa de fosas, cuya elaboración corresponde al Ministerio de Justicia en todo el territorio nacional y que se pondrá a disposición de los interesados mediante una página web.

Justicia y las autonomías establecerán unos parámetros comunes en todo el país para realizar el mapa de fosas y crearán una base de datos con información sobre su ubicación, sus características, las intervenciones que se han realizado y los datos de las personas allí enterradas -si hubieran sido identificadas-.

Los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo ascienden a 42.131 en Andalucía, 8.851 en Castilla-La Mancha, 9.538 en Aragón, 9.486 en Extremadura, 3.338 en Cataluña, 2.535 en Cantabria y 1.900 en el País Vasco, según la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo.

En Andalucía, distintas asociaciones de recuperación de la memoria histórica de la comunidad, con el respaldo de la Junta, han contabilizado un total de 53.665 víctimas mortales enterradas en 648 fosas comunes.

Actualmente, en Cataluña, hay unas 179 fosas comunes, más de cien de ellas situadas en cementerios municipales, y se estima que la mayoría corresponden a soldados que murieron durante la Guerra Civil y entre diez y quince fosas pertenecen a personal civil fusilado.

El pasado 25 de marzo, el Gobierno catalán aprobó un proyecto de ley, pionero en España, con la finalidad de señalizar y dignificar las fosas comunes de la Guerra Civil y del franquismo para que no caigan en el olvido.