El Govern busca una entidad bancaria a contrarreloj para el aval de las millonarias fianzas del Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas hará efectiva este miércoles la exigencia de la fianza multimillonaria impuesta a más de treinta ex altos cargos de la Generalitat de los gobiernos de Artur Mas y de Carles Puigdemont. La cifra que este organismo exige suma en conjunto 5,4 millones de euros y responde a las actividades internacionales desarrolladas por la Generalitat. Ello supondría el embargo de bienes personales de los 34 ex altos cargos afectados, una dura consecuencia que el Govern quiere evitar provisionalmente a la espera de una decisión judicial. El Govern de Pere Aragonès es el primero que interviene para salvaguardar el patrimonio de los afectados por multas millonarias que el Tribunal de Cuentas ya había impuesto en otros casos como la consulta del 9 de noviembre de 2014.

Sin banco, aval directo

El instrumento para evitar los embargos por parte del Ejecutivo catalán ha sido la creación del fondo gubernamental de 10 millones de euros que ha generado duras críticas de la oposición de derechas en el Parlament y en el Congreso. Un fondo ideado para ser el contraaval de garantía para una entidad bancaria que debería hacerse cargo de las fianzas. Pero a poco más de 24 horas que expire el plazo para depositar el aval, el Govern estaría buscando a contrarreloj una entidad financiera que se haga cargo y de la cual no dispone en estos momento, según ha podido saber Público. En el probable caso de no encontrarla, a última hora, el fondo de riesgo de 10 millones serviría de aval directo frente al Tribunal de Cuentas, tal como especifica su propio decreto de creación.

La nueva situación se ajusta técnicamente al decreto establecido para el fondo de riesgo. Pero tiene derivadas políticas que pueden complicar la operación. Habrá que ver la reacción del Tribunal de Cuentas respecto al hecho que el aval se haga directamente con dinero público de la Generalitat y no de una entidad bancaria. Y también es probable que se recrudezca la ofensiva de la derecha contra este fondo que ya le ha comportado al Govern de Aragonès una querella por presunta malversación.

El recurso del Gobierno español, una línea roja

A pesar de ello, desde la presidencia de la Generalitat lo que no esperan es que haya recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno español, que se ha limitado a señalar que estudiaría "la legalidad del decreto de creación del fondo". De haber recurso, se paralizaría el fondo y los afectados verían embargados sus bienes. "Esta es una línea roja que no podemos permitir que se traspase" aseguran fuentes de Esquerra, que también señalan el impacto que podría tener sobre la nueva etapa de fluidas relaciones entre el Govern y el Gobierno español basadas en el diálogo. De hecho el exministro José Luis Ábalos ya definió la actuación del Tribunal de Cuentas como "piedras en el camino" para la resolución dialogada del conflicto político entre Catalunya y el Estado. Con todo, parece previsible que la Moncloa opte por no activar el recurso a tenor de las declaraciones del jefe de filas socialista en el Parlament, Salvador Illa, que ya ha dicho públicamente que -a pesar de haber pedido un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries-, al parecer del PSC, el decreto estaría dentro de la más absoluta legalidad. Y eso no afectaría el que se aplique en una formulación u otra, con entidad bancaria o sin ella, ya que hacía referencia al conjunto del decreto.

Desde el Govern recuerdan que las multas se han impuesto a pesar de que la Generalitat tiene competencias para la acción internacional. El Tribunal de Cuentas alega que se utilizaron los fondos cuestionados para impulsar el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017. Una argumentación que choca con el hecho de que la inmensa mayoría de costos consignados tenían finalidades poco o nada relacionadas con el referéndum, como visitas para la proyección económica del empresariado catalán o actividades culturales. Otras actividades se inscriben en seminarios sobre el derecho a la autodeterminación y otros derechos fundamentales, que estarían amparados por la libertad de expresión según juristas consultados por Públic.

Recursos judicales

Los 34 ex altos cargos de la Generalitat afectados han presentado recurso judicial a la decisión del Tribunal de Cuentas que, a pesar del nombre que ostenta, es un simple organismo administrativo sin capacidad judicial. Por lo que será el Tribunal Supremo el que decidirá si definitivamente está justificado que los afectados tengan que resarcir los 5,4 millones que calcula el Tribunal de Cuentas que se gastaron de forma improcedente entre el año 2011 y el 2017. Al margen del recorrido que puedan tener los recursos que se puedan presentar en la jurisdicción internacional, por ejemplo frente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero la espera del veredicto judicial no eximirá de tener que avanzar los 5,4 millones este miércoles después de que el Tribunal de Cuentas ha rechazado la petición de las defensas para ampliar el plazo de pago. Este organismo considera que el plazo de quince días hábiles que estableció el pasado 30 de junio es "razonable y suficiente".

Si los responsables de los presuntos gastos indebidos no abonan la cantidad reclamada en el plazo fijado, se procederá a embargarles los bienes personales y familiares, desde los domicilios particulares a vehículos pasando por buena parte de los sueldos o ingresos. Por ello se ha creado el fondo de 10 millones de euros del Govern. En otras ocasiones se impulsaron recaudaciones populares para sufragar las altas fianzas del Tribunal de Cuentas a través de la llamada Caixa de Solidaritat. Una entidad exhausta después de que las diversas multas impuestas a dirigentes del independentismo catalán por diversas causas sumen más de 20 millones de euros, según fuentes de este organismo.

Las cifras

Los 34 ex cargos del Govern afectados deberán ponerse de acuerdo para abonar el total de 5,4 millones de euros de forma solidaria. El Tribunal de Cuentas ha fijado un máximo para cada uno de ellos que corresponde a la suma de las partidas con las que los vincula. Sin embargo, la suma de los importes que les atribuye individualmente supera los 5,4 millones de euros. Por tanto, no deberán abonar la cifra individualizada completamente.

Por ejemplo, al ex presidente de la Generalitat Artur Mas y a su ex consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, se les vincula con el gasto de 2,8 millones de euros. A Carles Puigdemont y Oriol Junqueras con 1,9 millones de euros. Al exconseller de Acció Exterior del Govern de Puigdemont, Raül Romeva, el Tribunal de Cuentas le responsabiliza de un máximo de 2,1 millones de euros y al ex conseller de la Presidència de Mas, Francesc Homs, 2,9 millones de euros. Los importes más elevados, que superan los 3 millones de euros, se le atribuyen al ex secretario general del Diplocat, Albert Royo, a quien se fija un máximo de 3,6 millones así como a la exinterventora general Mireia Vidal, para quien se cifra la fianza en 3,1 millones.

La responsabilidad es solidaria y, por tanto, todos los ex cargos vinculados a una partida tienen la obligación común de hacerse cargo sin orden de prevalencia. Así, si alguno de ellos no pudiera abonar la fianza, quedaría cubierta por el resto de responsables. De este modo, el Tribunal de Cuentas pretende asegurar el cobro del importe reclamado por si hubiera personas insolventes. De ahí que la suma de todas las fianzas individuales supere el importe que deberán pagar solidariamente entre todas, que no superará los 5,4 millones de euros. Una situación de insolvencia que de entrada no se producirá con el aval del fondo de riesgo del Govern. Dinero avanzado que, sin embargo, los afectados sí que tendrán que abonar a la Generalitat en caso de sentencia judicial firme que dictamine la irregularidad.