Grecia se ha paralizado este jueves en la quinta jornada de huelga general en lo que va de 2012. Los ciudadanos protestan contra las nuevas medidas de ajuste por valor de 13.500 millones de euros negociado por el Gobierno con la troika. El masivo paro laboral, que afecta al transporte aéreo, marítimo, ferroviario y urbano, ha sido convocado por los principales sindicatos del país, el del sector privado (GSEE) y el del público (ADEDY), contra los recortes previstos en el citado paquete, que deberán aplicarse en 2013 y 2014.

Más de 20.000 manifestantes se concentraron a primeras horas de este jueves en el centro de Atenas para hacer llegar a los dirigentes de la UE, cuya cumbre se celebra este jueves en Bruselas, que los recortes en salarios y pensiones únicamente contribuirán a empeorar la deteriorada economía del país. Los primeros disturbios ya han tenido lugar en los alrededores de la plaza Syntagma: un numeroso grupo de jóvenes ha hecho retroceder a los policías que bloqueaban el acceso a la plaza, sede del Parlamento nacional.  El resto de las calles de la capital están vacías y la Policía ha desplegado efectivos en todas las esquinas y alrededor de 4.000 agentes protegen los edificios oficiales.

La huelga de este jueves ha paralizado a buena parte del país. Los barcos han quedado anclados en los puertos, los transportes públicos de Atenas no funcionan y los hospitales solo atienden a las urgencias, mientras que oficinas públicas, ministerios, panaderías y otros comercios permanecen cerrados. Los propietarios de kioscos, los abogados, los taxistas y los controladores aéreos también se han unido a las protestas contra los recortes, que incluyen una dramática reducción de fondos en los sectores relacionados con la salud y el bienestar.

Para este jueves se espera que confluyan cinco manifestaciones distintas en la plaza de Syntagma, en pleno centro de Atenas. Las concentraciones de los días anteriores ya habían  acabado en enfrentamientos entre policías y manifestantes. En los alrededores del Parlamento se han levantado vallas.

'Ya basta. Han cavado nuestra tumba, nos han metido en ella y estamos esperando a que venga el cura a darnos la extremaunción', declaró Konstantinos Balomenos, un trabajador de 58 años de una empresa hidráulica cuyo sueldo ha sido reducido a la mitad, hasta los 900 euros, y cuyos dos hijos están en el paro. 'Esta austeridad está empujando a la rebeldía a todo el sur de Europa, el euro va a ser destruido. Nos piden que seamos nosotros quienes paguemos las malversaciones de nuestros políticos', manifestó.

El paro afecta asimismo a las escuelas, los servicios municipales, los hospitales, las compañías públicas y el sector bancario, mientras que la Confederación Nacional del Comercio y la Confederación de Pequeños Empresarios han instado a los comerciantes a cerrar hoy sus tiendas.

Grecia sufre su peor recesión económica desde la Segunda Guerra Mundial y ha iniciado una política de recortes de hasta 13.500 millones de euros de gasto público a fin de satisfacer las condiciones impuestas por la 'troika' (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Interncional) para la concesión del siguiente tramo del rescate, de un total de 130.000 millones de euros. 'Aceptar estas medidas catastróficas implica conducir a la sociedad a la desesperación, y las consecuencias, y por tanto las protestas, van a ser indefinidas', declaró Yannis Panagopoulos, líder del sindicato del sector privado, GSEE, que representa a alrededor de dos millones de trabajadores (la mitad de la mano de obra del país). 

Los jefes de la troika (la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo) dieron el miércoles por concluida su misión en Grecia tras haber pactado la mayoría de las medidas centrales, aunque sin haber logrado consensuar con el Gobierno griego una reforma laboral que forma parte del programa de reformas y ahorro impuesto al país mediterráneo. La Comisión Europea, el FMI y el BCE han planteado reducir la indemnización por despido, acabar con los aumentos salariales por antigüedad e imponer la semana laboral de seis días, así como eliminar los convenios colectivos.

Las dolorosas medidas, requeridas por los acreedores externos como condición para continuar pagando el crédito de ayuda al país con el fin de salvarle de la quiebra, incluye además elevar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, así como recortes en salarios públicos, pensiones y prestaciones sociales.