Greenpeace quiere que el Gobierno español aproveche su presidencia de turno de la Unión Europea para conseguir la liberación de su director en España, Juan López de Uralde, que lleva 18 días en prisión en Copenhague. La organización teme que el activista pase aún más tiempo en la cárcel si no se presiona para que las autoridades danesas reconsideren su actuación.

López de Uralde fue detenido el pasado 17 de diciembre tras irrumpir, con una pancarta con el lema Los políticos hablan, los líderes actúan, en una cena de gala organizada por la reina Margarita para los jefes de Estado reunidos en Copenhague para negociar sobre cambio climático.

Un juez danés decidirá el próximo jueves si el ecologista, junto a otros tres activistas detenidos, queda en libertad sin cargos, sale libre en espera de juicio o continúa cumpliendo la prisión preventiva y régimen de aislamiento que decretó un juez el 18 de diciembre a petición de la policía danesa, que teme que se ausenten de un posible juicio o que se destruyan pruebas.

El director de campañas de la organización en España, Mario Rodríguez, realizó ayer un llamamiento al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a que actúe de forma urgente para conseguir la liberación de López de Uralde y sus compañeros. “España está ahora al frente de la Unión Europea y exigimos mucha más contundencia en la solución de esta situación”, señaló Rodríguez ayer durante una rueda de prensa en Madrid.

El activista destacó que, fruto de las presiones del Gobierno español y los ecologistas hasta el momento, las autoridades danesas permitirán que López de Uralde reciba en la mañana de hoy la visita de su mujer y su hermano en la cárcel de Vestre Faengsel, en Copenhague.

Pero este gesto no implica que el dirigente se sienta optimista sobre la vista judicial del jueves, en la que cualquiera de las tres opciones es posible.

“Estamos convencidos de que la policía va a pedir al juez alargar la prisión preventiva”, declaró a Público. Detalla que López de Uralde y sus compañeros, de nacionalidad noruega, suiza y holandesa, se enfrentan a penas de hasta seis años de cárcel por suplantar a cargos públicos, falsificar la matrícula de su coche –la placa decía G007– y allanar el palacio real de Christianborg.

El director de Greenpeace Internacional, el surafricano Kumi Naidoo, calificó la actuación de las autoridades danesas de “injusta, sin sentido y desproporcionada” durante la rueda de prensa de ayer. Señaló que las medidas le recuerdan al apartheid que sufrió su país y defendió que, durante la cumbre de Copenhague, López de Uralde y sus compañeros “realizaron un acto moral ante la inmoralidad de los líderes mundiales”. Recordó además que, seis días antes de las detenciones en Dinamarca, otros activistas de Greenpeace irrumpieron en una reunión del Consejo de Ministros de la Unión Europea en Bruselas y fueron liberados a las 24 horas.

Minutos antes, Naidoo y Rodríguez se reunieron con el consejero político de la embajada danesa en Madrid, a quien explicaron sus quejas y pidieron que los activistas “no sean tratados como delincuentes comunes”. El diplomático se comprometió a trasladar el mensaje al Gobierno danés, según Rodríguez.

Naidoo emprendió ayer una gira por varios países europeos que concluirá el jueves en Copenhague, donde el juez tomará una decisión sobre los detenidos. La organización ha convocado una concentración a las puertas de la embajada danesa en Madrid un día antes, a las 7 de la tarde. La protesta se extenderá también a consulados de otras 20 ciudades españolas a la misma hora, según informa la ONG.

Pere Rusiñol

La situación de Juan López de Uralde depende en buena medida de Brian Mikkelsen, de 43 años, dirigente del Partido Popular Conservador, socio menor del Gobierno derechista danés y aliado del PP español en la Eurocámara. Mikkelsen es ministro de Justicia, del que depende tanto la policía como la fiscalía, y artífice de la reciente reforma legal que ha convertido Dinamarca en uno de los países más duros en la penalización de la protesta.

Apenas una semana antes de que se iniciara la Cumbre del Clima, el Parlamento aprobó a toda prisa una ley pensada para los manifestantes. La norma incluye dos aspectos especialmente polémicos: la posibilidad de “arresto preventivo” –12 horas retenido sin necesidad de prueba alguna; basta con considerarle potencialmente peligroso–y el hecho de que la policía pueda detener a alguien durante 40 días.

Tras la reforma de la ley, la policía no necesita ni siquiera aportar pruebas ante el juez para lograr que el detenido siga en prisión: le basta con que los agentes, que ejercen en esta fase también el papel de la fiscalía, alegue que se obstruyó el ejercicio de sus funciones a las autoridades.

Hasta ahora, en el caso de López de Uralde sólo ha intervenido la policía, que depende del ministro Mikkelsen. “La policía es la que marca absolutamente todos los tiempos”, explican fuentes jurídicas. Las mismas fuentes subrayan su sorpresa ante el hecho de que esta situación sea posible en el marco de la Unión Europea.

Siempre que hay grandes cumbres, Greenpeace irrumpe ante las autoridades. Pero nunca había topado con policías tan poderosos.