Un grupo de expertos prepara una legislación para España

A diferencia de varios países de la UE, España carece de una norma específica sobre microfinanzas. El propio Mohamed Yunus, padre de los microcréditos, es partidario de regulaciones que den forma y transparencia al sector aunque sin limitarlo en exceso. Así, un amplio grupo de expertos trabaja ya en una norma que modele las microfinanzas en España. En él están prácticamente todas las instituciones (de momento, más de cien) que, de una u otra forma, trabajan con microcréditos en España: cajas de ahorros, el Instituto de Crédito Oficial, fundaciones u ONG, asociaciones de empresarios, bufetes de abogados...

El objetivo es consolidar el sector. "Una normativa microfinanciera diferente de la legislación actual podría dar lugar a una serie de entidades, no necesariamente cajas de ahorros ni bancos, que podrían operar con la función fundamental de conceder microcréditos, algo que no existe actualmente", dice Mari Cruz Lacalle, directora del Máster en Microcréditos para el Desarrollo de la Universidad Autónoma y componente del grupo. Hasta ahora, en España han sido sobre todo las cajas las que, a través de su obra social, han puesto en marcha programas de microcréditos. También, por ejemplo, asociaciones de mujeres emprendedoras con ayuda del Instituto de la Mujer.

El grupo ya ha delimitado el concepto de microcrédito y su cuantía. "Créditos de hasta 25.000 euros, tal y como establece una directiva europea, que recibirían personas en exclusión social o financiera que no pueden acceder a un crédito ordinario. Su objetivo tendría que ser productivo o para mejorar las condiciones de vida de una persona, como acceder a formación", explica Jaime Durán, profesor de la Universidad Pontificia Comillas. Los beneficiarios deberían, además, residir en España y tener sus papeles en regla. Durán insiste en que el concepto debe quedar claro para que no se confunda con los pequeños créditos de la banca. Aún no han establecido cuál sería el tipo de interés. Sí tienen claro que debería ser "el más bajo posible".

Los créditos los concederían entidades sin ánimo de lucro y con fines sociales. "Su trabajo no sería sólo dar dinero, sino hacer un seguimiento de esa persona, ofrecerle asesoramiento y formación", aclara Durán. El grupo trabaja sobre la idea de crear un supervisor que otorgue y renueve las licencias para operar como institución financiera. Aún les quedan muchos meses de trabajo, aunque esperan poder presentar su proyecto a los grupos políticos a finales de 2012 o principios de 2013.