Monos naranjas y jaulas de malla metálica. Esos son los símbolos más recurridos para evocar una de las cárceles más tristemente famosas del mundo. Hace exactamente diez años, el 11 de enero de 2002, llegaron los primeros presos, que tuvieron el dudoso honor de inaugurar el centro de detención de Guantánamo. Era la avanzadilla de las cerca de 800 personas que han pasado por la base estadounidense a lo largo de la última década y en la que se han enfrentado a maltratos, torturas y, en algunos casos, la muerte.

Apenas seis días después del fatídico 11-S, el entonces presidente de los EEUU, George W. Bush, dio el pistoletazo de salida a su ‘guerra contra el terror'. El mandatario autorizó a la CIA a establecer centros de detención en todo el mundo y, a partir de entonces, dio cada vez más poderes a la agencia de inteligencia. Dos meses después, la CIA ya tenía autorización para detener indefinidamente y sin derecho a juicio a sospechosos de terrorismo. Fue el principio de la ‘doctrina Bush', que aún hoy perdura bajo la administración Obama y que deja una herencia difícil de encajar.

Lo que queda, tras esta década de políticas antiterroristas estadounidenses, es un 'legado tóxico para los derechos humanos'. Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España, cree que Obama no ha solucionado el problema. 'El sistema de excepción ha permanecido igual, a grandes rasgos, con la nueva administración', ya que se mantienen 'los tribunales militares y aún quedan 171 personas dentro'.

Las políticas antiterroristas estadounidenses han dejado un 'legado tóxico'

Beltrán lamenta que los tres poderes en EE.UU han aceptado el marco de la guerra global, empezando por el poder judicial, que 'ha apoyado la legitimidad de estas acciones bajo la doctrina de la guerra contra el terrorismo', y acabando por el legislativo, que 'no discute un posible traslado de los detenidos a tribunales federales [civiles]'.

A los presos en Guantánamo hay que sumar el número de desaparecidos y detenidos en cárceles secretas de la CIA, cuyo número aún se desconoce, y las 2.100 personas que aún siguen recluidas en la prisión de Bagram, en Afganistán, sin cargos ni juicio. 'Tanto en las bases de Afganistán como de Irak se ha detenido a cientos personas, se las ha torturado y maltratado durante años bajo custodia estadounidense', recuerda.

Barack Obama se comprometió a cerrar Guantánamo y a acabar con el modo de actuar de su predecesor, voluntad que luego no se ha llevado a la práctica. Aún así, se han producido algunos avances. 'Desde el año 2008 no se ha trasladado a nadie a Guantánamo', explica Beltrán. Además, Obama permitió a los presos, 'en teoría', cuestionar la legalidad de las detenciones ante los tribunales federales ordinarios, 'algo que en la práctica no está funcionando'.

Desde el año 2008 no han llegado nuevos presos, pero la 'doctrina Bush' se mantiene

Otro aspecto a tener en cuenta es que no ha habido ninguna autorización explícita de comisión de torturas por parte del nuevo gobierno, 'al menos que sepamos', comenta Beltrán, aunque la existencia de Guantánamo, Bagram o los tribunales militares son 'intocables' aún bajo la administración Obama.

El profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, Rafael Escudero, es de la misma opinión. 'Obama firmó en 2009 la paralización de los juicios llevados a cabo por las comisiones militares, pero en marzo de 2011 ordenó la reanudación de los mismos, con lo que volvió a la doctrina Bush', explica. Un tribunal civil, apunta Escudero, consideraría nulas las declaraciones de los detenidos, ya que éstas se han obtenido mediante la tortura y, por tanto, no pueden usarse como prueba en un juicio.

Europa ha sido una pieza clave en el engranaje de detenciones de la CIA. 'Estamos hablando de casi un centenar de vuelos de la agencia de inteligencia americana, hacia y desde Guantánamo, que pasaron por territorio o por espacio aéreo español', recuerda Beltrán. Ante esto, diez años después, 'no ha habido rendición de cuentas, nadie ha pagado por permitir esto'.

EEUU ha bloqueado 'sistemáticamente' los intentos de hacer justicia

No ha sido así en otras partes de Europa, donde algunos intentos de hacer justicia, aunque 'muy limitada', comienzan a abrirse paso. En Polonia y en Lituania, por ejemplo, donde la CIA tuvo cárceles secretas, hay una investigación judicial abierta. Otro caso es el de Italia, desde donde la agencia colaboró en detenciones secretas, y donde se ha procesado a una veintena de agentes.

Ante estos esfuerzos por lograr compensar a las víctimas, el gobierno de EEUU 'no colabora en absoluto' e incluso 'bloquea sistemáticamente todos los intentos de los detenidos de obtener una reparación'. 'Ni siquiera ha puesto a disposición de los tribunales italianos los nombres de las personas implicadas', explica Beltrán.

Desde Amnistía Internacional consideran que lo más importante es presionar para que Bush sea puesto 'a disposición de la justicia en base a la jurisdicción universal' por autorizar torturas, que se 'rindan cuentas' para reparar a las víctimas y que se abandonen los tribunales militares.

Barack Obama firmó, el pasado 31 de diciembre, la 'National Defense Authorization Act' para 2012, una ley de defensa que se aprueba todos los años con las directrices a seguir en materia de seguridad. La novedad esta vez ha sido la ampliación de los poderes del presidente. Con esta ley aprobada, el gobierno podrá detener a ciudadanos estadounidenses de forma indefinida y sin derecho a juicio, en base al único criterio de ser considerados sospechosos de terrorismo. En estos casos, no se tratará de detenciones policiales, sino militares.

La nueva ley de defensa permite detener sin garantías a estadounidenses

Esta ley implica 'mayores poderes para el Gobierno, frente a la garantía judicial que debe acompañar toda detención, lo que rompe el principio de separación de poderes', explica el profesor Rafael Escudero. 'Se trata de la consolidación del llamado Derecho penal ‘del enemigo', que consiste en rebajar los estándares de protección de aquellas personas a las que se considera -sin necesidad de intervención judicial- enemigos del sistema', detalla Escudero.

Las implicaciones legales de este planteamiento tienen consecuencias inquietantes. Con esta nueva ley habría dos tipos de personas, afirma Escudero. 'Por un lado, los ciudadanos, que aunque cometan un delito tienen derecho a tal protección, y por otro los enemigos que, debido a la gravedad de sus crímenes o a su intención de acabar con el sistema, pierden tal protección', concluye.