Público
Público

La Guardia Civil busca en Andorra el dinero de Alavedra

El juez imputa también en el caso Pretoria a Genís Carbó, jefe de Planificación Territorial de la Generalitat entre 1996 y 2004

Publicidad
Media: 0
Votos: 0

La operación Pretoria ha entrado en una nueva fase con la búsqueda del dinero obtenido por la trama de corrupción . El hilo que sigue la Guardia Civil deja Catalunya y se adentra en Andorra, uno de los paraísos fiscales que la trama utilizaba para ocultar el dinero procedente de la corrupción urbanística.

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) han remitido una comisión rogatoria a las autoridades andorranas solicitando el bloqueo de varias cuentas en bancos del Principado de Andorra y que están vinculadas presuntamente a Macià Alavedra, ex consejero de Economía del Gobierno de Jordi Pujol, y a su esposa, Doris Malfeito.

Los agentes quieren bloquear cuentas bancarias en el Principado

Alavedra y Lluís Prenafeta, la mano derecha del ex president, se servían de haber estado décadas en el epicentro de la política catalana para mediar entre empresarios e instituciones. Según las pesquisas, cada uno habría obtenido al menos 637.590 euros en comisiones. De su botín, Alavedra blanqueó fuera de España 300.000 euros sólo entre mayo y junio de 2009. Parte de ese dinero es el que busca la Guardia Civil en Andorra, aunque las pistas llevan a paraísos fiscales de medio mundo.

Doris Malfeito figura como consejera de la inmobiliaria Es Valls, aunque es conocida como marchante de arte y pintora. Durante el pujolismo, sus cuadros llegaron a cotizar a 9.000 euros, y muchas empresas hacían cola para comprarlos y congraciarse así con Alavedra. Ahora se encuentran en Internet por 170 euros.

La iniciativa de los investigadores en Andorra no es el único golpe que recibe CiU en este tramo de la operación Pretoria. Según informaron a Público fuentes del caso, Genís Carbó, el que fue jefe de Planificación Territorial de la Generalitat entre 1996 y 2004, ya se encuentra imputado. Carbó recibió este lunes, con toda discreción, una notificación para acudir a declarar a dependencias de la Guardia Civil en Barcelona. Al declarar como imputado, su abogado estuvo presente durante el interrogatorio practicado por los agentes de la Unidad Adscrita a la Fiscalía Anticorrupción de la UCO, desplazados desde Madrid para completar esta fase de la operación.

Carbó cobró 244.000 euros de un pelotazo en Sant Andreu

Genís Carbó, que coordinó en su momento el Plan Territorial de Barcelona, ya aparecía en el auto de prisión del juez Garzón como receptor de 244.011 euros. Esta cantidad fue abonada por Niesma, una de las empresas vinculadas a la operación de compra de unos terrenos en Sant Andreu de Llavaneres puestos a la venta después de que el terreno fuera recalificado.

Carbó recibió el dinero a través de la Sociedad GCB SL, con sede en Sant Andreu y dedicada supuestamente a la realización de planes y asesoramiento urbanístico. El pago se realizó en octubre de 2005, sólo tres meses después de que fuera constituida con un capital de 3.010 euros.

El pelotazo de Sant Andreu es una de las dos operaciones de las que presuntamente cobraron Alavedra y Prenafeta. Tres días después de que el juez Garzón dictase su auto de prisión, Carbó dimitió de su cargo como coordinador de Planificación del Ayuntamiento de Valls.

Tras los interrogatorios de esta semana, los investigadores de la UCO se centrarán en analizar las más de 20 cajas de documentación incautada en los registros practicados en empresas y domicilios el 27 de octubre.  La Guardia Civil buscará también el dinero de los miembros de la trama oculto en los paraísos fiscales de Islas Caimán, Suiza, Portugal, Gibraltar y Madeira. Del análisis de la documentación, podrían nacer otras vías de investigación, pero por el momento no están previstas nuevas detenciones. Los pinchazos telefónicos que el juez autorizó a varios de los detenidos comenzaron a principios de este año, aunque la investigación se remonta a 2007. El contenido de las grabaciones no señaló a otras personas. Sin ser determinantes, los pinchazos ayudaron a cerrar las sospechas de los agentes de la Guardia Civil sobre los ya investigados. 

Más noticias en Política y Sociedad