Aguirre, ante una protesta por la sanidad pública.  EFE

Los secretarios generales de UGT y CCOO en la Comunidad de Madrid se reúnen hoy con la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, para instarla a frenar la implantación del área única en la región que unificará las 11 áreas ahora existentes ya que lo consideran el último episodio del proceso de privatización de Esperanza Aguirre.

Los sindicatos pretenden que el ministerio estudie la vulneración constitucional de esta medida. La norma supondrá que los 6,4 millones de madrileños queden englobados en una única área de gestión sanitaria, cuando la Ley General de Sanidad establece que cada área no supere los 200.000 o 250.000 pacientes. Este es el volumen de cartillas sanitarias idóneo para facilitar una atención próxima al ciudadano y una gestión y previsión de los recursos sanitarios óptima, justifica la norma.

La ley que regula la instauración del área única sanitaria en la región entrará en vigor el 19 de febrero e irá de la mano de la libre elección de profesional. Los sindicatos ya enviaron sus quejas al Defensor del Pueblo, que les trasladó su preocupación por el deterioro paulatino de la sanidad madrileña.

'Las competencias están transferidas, pero el ministerio debe velar para que se cumpla el derecho básico y constitucional. No puede ser que las autonomías pongan en riesgo el ejercicio de la atención sanitaria', protesta la secretaria de política social de CCOO en Madrid, Ana González.

El secretario de políticas sectoriales de UGT Madrid, Juan Luis Martín, explica que el área única 'va a crear zonas de mayor calidad que otras, porque se regirá por los criterios del mercado y creará competencia entre los centros hospitalarios'. Los sindicatos temen que potencie los centros de gestión privada propiciando el desmantelamiento de los públicos.

La oposición también rechaza de plano la nueva medida. El secretario general del Partido Socialista Madrileño (PSM), Tomás Gómez, volvió a exigir el viernes a Aguirre la derogación de la norma. 'Va a suponer un desastre para la gestión de los servicios sanitarios de la región'. 'Amenaza la sostenibilidad del sistema, perjudica los intereses de los madrileños y tiene visos de inconstitucionalidad', aseguró.

La Consejería de Sanidad considera que la 'libertad de elección es imprescindible para consolidar unos servicios sanitarios públicos de la máxima equidad, calidad y eficiencia'. Por otra parte, asegura que la colaboración público-privada ha hecho posible que se creen nuevas infraestructuras.